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Tarifazo en puerta: el impacto en Córdoba y el duro golpe al sur provincial por el fin de la «zona fría»

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La eliminación del régimen diferencial de tarifas golpea a más de 600 mil hogares, comercios y pequeñas industrias cordobesas. En el sur provincial, donde las temperaturas invernales son rigurosas y la dependencia del gas es vital, el salto en las facturas profundiza la crisis del poder adquisitivo y la rentabilidad productiva.

La sanción de la ley que pone fin al régimen general de zona fría marca un punto de inflexión en la economía doméstica y regional de Córdoba. Con la modificación del esquema de subsidios geográficos, que dejaba atrás el beneficio automático en trece departamentos del territorio provincial, los usuarios pasaron a afrontar un escenario de tarifas plenas que impacta de lleno en la estructura de costos de familias, comercios y pequeñas y medianas empresas.

Para el sur cordobés, la pérdida de esta bonificación —que oscilaba entre el 30% y el 50% según la zona— representa un golpe de alta intensidad. En regiones donde el clima invernal exige períodos prolongados de calefacción y el consumo de gas natural es un insumo básico e ineludible tanto para la supervivencia hogareña como para la dinámica de clubes, instituciones y pymes, el traslado a tarifa plena se traduce en incrementos que superan holgadamente el margen de maniobra de los ingresos actuales.

Los analistas económicos advierten que el impacto no se agota en el ámbito residencial, donde miles de hogares deberán reconfigurar sus presupuestos mensuales para evitar la morosidad o el corte del suministro. Sectores enteros del entramado productivo del interior ven erosionada su competitividad ante el encarecimiento drástico de los servicios públicos, en un contexto recesivo donde la retracción del consumo interno ya venía complicando la actividad comercial.

De este modo, la transición hacia un esquema de subsidios sumamente focalizados —o la pérdida directa de la asistencia para amplios sectores de la clase media— traslada todo el peso del ajuste fiscal a las provincias extrapatagónicas, dejando expuestas a las economías regionales a una carga tarifaria desproporcionada frente a sus realidades climáticas y productivas.