El gobierno de Córdoba marcó una fuerte línea roja frente a la gestión de Javier Milei. Al calor del debate legislativo por el Presupuesto, el gobernador Martín Llaryora endureció su postura y repudió los recortes y modificaciones impulsados por la Casa Rosada en materia de discapacidad. La Provincia señaló que representan un retroceso insensible que deja al sistema al borde del colapso.
«Para nosotros, en Córdoba, los fondos y las políticas de discapacidad no son negociables. No vamos a acompañar ningún recorte del Presupuesto Nacional que afecte estos derechos», sentenció el mandatario provincial a través de sus redes sociales, exigiendo formalmente a los diputados y senadores que representan a la provincia mediterránea que rechacen la iniciativa oficial.
Desde la perspectiva del Centro Cívico cordobés, la política nacional choca frontalmente con la visión local, donde sostienen que la asistencia a este sector representa una prioridad ineludible y no una variable de ajuste fiscal. «No es beneficencia ni caridad. Las prestaciones, los traslados y las terapias no pueden depender de la condición social ni del rincón de la provincia en el que nos tocó nacer», remarcó Llaryora, advirtiendo que la retirada de los fondos nacionales traslada una carga imposible de sostener en soledad para los estados subnacionales y las organizaciones sociales.
Con este movimiento, el gobernador cordobés no solo se planta ante la estrategia económica del oficialismo nacional en plena discusión de recursos, sino que consolida un perfil político propio que diferencia la órbita de gestión cordobesa frente a las recetas libertarias. Son ejes discursivos que integran una estrategia que ya mira hacia el 2027.
