En menos de un mes, la Unicameral cordobesa vio caer a dos de sus asesores por causas de abuso sexual: uno del oficialismo, otro de la UCR. El cruce de acusaciones entre peronismo y radicalismo dejó al desnudo un problema estructural —la falta de controles sobre quién trabaja en el Poder Legislativo— y abrió una guerra política que promete extenderse hasta las próximas elecciones.
Hay lugares donde el escándalo llega una vez y se va. La Legislatura de Córdoba no tuvo esa suerte. En apenas unas semanas, dos asesores legislativos —uno de cada bando de la grieta provincial— quedaron en el centro de sendas causas judiciales por delitos contra la integridad sexual. El primero, ligado al oficialismo; el segundo, a la UCR. Entre ambos casos no hay una sola coincidencia policial: hay un patrón. Y ese patrón es el que empezó a incomodar a toda la clase política cordobesa.
Todo estalló a mediados de agosto, cuando una investigación por la desaparición de una adolescente de 13 años terminó destapando una presunta red de grooming, abuso sexual y explotación de menores con epicentro en Villa de María del Río Seco, en el norte de la provincia. El rastreo del teléfono de la chica llevó a los investigadores hasta Santiago del Estero, donde la encontraron junto a otras dos menores en situación de vulnerabilidad. De ahí en más, la causa derivó en 16 detenciones.
Uno de los detenidos era José Aníbal Ricardo Villarreal, que figuraba como asesor del legislador provincial Ramón «Cañito» Flores, del bloque oficialista Hacemos Unidos por Córdoba. Villarreal enfrenta la acusación más grave del expediente: abuso sexual con acceso carnal contra niñas de 13 y 14 años. La fiscal de la causa confirmó el vínculo laboral del acusado con el Poder Legislativo.
El escándalo no tardó en trepar a la política. Flores negó tener responsabilidad directa y aseguró haber pedido la baja de Villarreal antes de su detención, pero la Justicia estableció que al menos dos de los hechos habrían ocurrido en un campo de su propiedad. La presión terminó siendo insostenible: el legislador pidió licencia sin goce de sueldo y posteriormente presentó la renuncia. A la maraña se sumó otro nombre, Ariel Alejandro Rodríguez, también ex asesor de Flores, que había seguido en la nómina legislativa pese a tener una condena previa por usurpación y peculado.
El segundo capítulo llegó apenas unas semanas después, y esta vez la ficha cayó del lado radical. Omar Manuel «Manotas» Ludueña, empleado de planta permanente de la Legislatura y asesor del bloque de la UCR bajo la órbita de la legisladora Alejandra Ferrero, fue denunciado por abuso sexual agravado con acceso carnal. Según el testimonio de la denunciante, identificada solo como «R», los abusos se habrían extendido desde que ella tenía tres años hasta la adolescencia.
La fiscal Ingrid Vago ordenó la detención de Ludueña, cuya defensa rechazó las acusaciones y las calificó como una maniobra con intenciones políticas y electorales. Ludueña llevaba más de una década en la Unicameral: había ingresado en 2011 a pedido de la UCR y, con el tiempo, pasó a integrar la planta permanente por gestión del entonces legislador Rodrigo De Loredo, hasta terminar asignado, desde 2024, a la oficina de Ferrero.
Con los dos frentes abiertos, lo que podría haber sido un problema exclusivamente judicial se transformó en una pulseada partidaria. El oficialismo, que venía bajo fuego por el caso Villarreal, encontró en la detención de Ludueña una oportunidad para devolver el golpe: el bloque Hacemos Unidos por Córdoba presentó un pedido de informes a la vicegobernadora Myriam Prunotto para saber desde cuándo trabajaba Ludueña en la Legislatura, bajo qué modalidad fue designado y para qué legislador presta servicios actualmente.
El legislador peronista Leonardo Limia fue el más directo: exigió a la UCR aplicar «la misma vara» que el radicalismo había usado contra el peronismo en el caso Villarreal. La respuesta radical no se hizo esperar. Voces del bloque acusaron al oficialismo de usar la tragedia con fines electorales, mientras que dirigentes como la concejala Elisa Caffaratti dijeron desconocer por completo la situación personal de Ludueña pese a conocerlo desde hacía más de dos décadas.
El trasfondo de esta pelea cruzada tiene, además, un antecedente que la potencia: días antes de conocerse el caso Ludueña, el propio Rodrigo De Loredo había reclamado que la Legislatura avanzara con un juicio político contra Prunotto, justamente por su manejo institucional del caso Villarreal. La detención del asesor radical le dio al oficialismo la excusa perfecta para devolver esa embestida con la misma moneda.
Lo que queda al descubierto
Más allá de la interna, ambos casos exponen un mismo problema de fondo: los controles —o la ausencia de ellos— sobre quiénes integran los equipos de asesores de la Unicameral. Contratos que se sostienen durante años, traspasos de un bloque a otro, designaciones que dependen más de la lealtad política que de un control de antecedentes. Ninguno de los dos partidos puede, en rigor, mostrarse ajeno a esa lógica.
Políticamente, el costo ya se empieza a pagar. En el peronismo, la figura de Flores en su banca sigue generando fricciones internas. En la UCR, el affaire Ludueña llega en un momento especialmente sensible, cuando el espacio intenta consolidar su perfil como alternativa opositora de cara a las próximas elecciones, y ahora deberá explicar por qué mantuvo dos décadas en su estructura a un empleado hoy señalado por un delito de esta gravedad.
Lo que empezó como dos hechos aislados terminó convertido en un espejo incómodo para toda la clase política cordobesa: el de una Legislatura que, más allá de las banderas partidarias, deberá rendir cuentas sobre cómo elige —y cómo protege— a quienes ponen a trabajar en sus despachos.
