En una sesión maratónica que se extendió por más de 16 horas, el Senado de la Nación aprobó la reforma laboral impulsada por el oficialismo con 42 votos a favor y 30 en contra. El proyecto, que ahora pasará a la Cámara de Diputados, introduce cambios en materia de contratación, aportes patronales y procedimientos judiciales, con el objetivo declarado de “modernizar” el mercado de trabajo.
El bloque cordobés tuvo un rol clave en la definición: los senadores de la provincia se sumaron al grupo de apoyos que permitió alcanzar la mayoría. En particular, los representantes vinculados al Frente Cívico y a sectores dialoguistas del radicalismo cordobés respaldaron la iniciativa y se alinearon con la estrategia del Gobierno nacional. Alejandra Vigo, pareja del exgobernador Juan Schiaretti y única representante el peronismo cordobés en la Cámara Alta, votó a favor. Lo mismo hicieron, más previsiblemente por su alineamiento con el gobierno nacional, Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero.
La decisión no pasó inadvertida. Córdoba, con su peso político y sindical, envió una señal de acompañamiento que fortalece al Ejecutivo en su pulseada con la oposición kirchnerista y con los gremios más combativos. Los gobernadores también jugaron su partida: lograron que se mantenga la coparticipación del impuesto a las Ganancias, un punto sensible para las arcas provinciales.
Mientras tanto, los sindicatos celebraron haber preservado los aportes patronales a las obras sociales, aunque mantienen su resistencia a otros aspectos de la reforma.
La media sanción marca un hito en el tablero político: el oficialismo logró sumar voluntades más allá de su núcleo duro, y Córdoba se convirtió en una pieza estratégica de ese armado. El desenlace en Diputados será la próxima batalla, pero la provincia parece haber dejado en claro de qué lado está en esta reforma que promete reconfigurar el mundo laboral argentino.
