En una sesión marcada por la controversia, el Concejo Deliberante de Río Cuarto aprobó por mayoría una ordenanza que regula la actividad de los denominados “trapitos”, personas que ofrecen cuidado informal de vehículos en la vía pública. La medida, impulsada por el Ejecutivo municipal, apunta a garantizar la libre circulación y el uso del espacio público sin condicionamientos ni cobros compulsivos.
La normativa establece sanciones económicas para quienes ejerzan esta actividad de manera intimidatoria o sin autorización, y prevé la posibilidad de retirar beneficios sociales a quienes reincidan en conductas violentas. Además, contempla un abordaje integral que incluye relevamientos sociales y acompañamiento a las personas que actualmente se desempeñan en esta tarea, con el objetivo de ofrecer alternativas laborales y evitar la estigmatización.
Durante la votación, las concejalas Antonella Nalli (Primero Río Cuarto) y Marisa Cariddi (La Fuerza del Imperio del Sur) se manifestaron en contra, mientras que Franco Miranda (bloque nazarista) se abstuvo. El resto del cuerpo legislativo acompañó la iniciativa, que fue defendida por el oficialismo como una herramienta para “proteger el orden público y la convivencia ciudadana”.
La ordenanza surge en un contexto de creciente malestar vecinal por situaciones de hostigamiento en zonas de estacionamiento, y forma parte de una estrategia más amplia del intendente Guillermo de Rivas para recuperar el control del espacio urbano.
Desde el municipio, el secretario de Prevención y Convivencia Ciudadana, Gastón Maldonado, remarcó que “no se permitirá ningún tipo de cobro compulsivo ni actitudes amenazantes hacia los vecinos”, y subrayó que el enfoque será tanto punitivo como social.
La implementación de la ordenanza será gradual y focalizada en los sectores más conflictivos de la ciudad, con participación de fuerzas de seguridad, áreas sociales y programas de monitoreo ciudadano como “Ojos en Alerta”.
