En un nuevo capítulo que sacude los cimientos de la Policía de Córdoba, el fiscal Guillermo González ordenó la detención del comisario general Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, jefe de la Policía Caminera, acusado de liderar una presunta organización delictiva integrada por efectivos policiales, abogados y civiles.
La investigación, que se mantiene en curso, incluye cargos por coacción, extorsión, asociación ilícita en calidad de jefe, peculado, enriquecimiento ilícito y encubrimiento por omisión de denuncia. Junto a Ochoa Roldán fueron detenidas otras seis personas, entre ellas su hermano, el policía Gastón Ochoa Roldán, y el comisario inspector Leonardo Javier Torres, responsable de la Dirección de Asesoría Letrada de la fuerza.
Según la fiscalía, los implicados habrían utilizado información reservada extraída de bases de datos oficiales para realizar negociaciones extrajudiciales, cobrar deudas, asumir defensas penales y fijar honorarios, todo en beneficio propio. El esquema habría operado de forma sistemática, aprovechando el acceso privilegiado de los funcionarios a datos sensibles.
Durante la madrugada se realizaron 11 allanamientos en domicilios particulares, estudios jurídicos y dependencias policiales en Córdoba capital, Unquillo, La Calera y Cosquín. También se requisaron oficinas dentro de la propia Jefatura de Policía, en busca de pruebas clave.
El caso ha generado un fuerte impacto político e institucional. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, convocó a una conferencia de prensa para esta mañana, donde se espera que brinde detalles sobre la causa y las medidas que tomará el Gobierno provincial frente a este escándalo.
La causa, que recién comienza, podría derivar en nuevas imputaciones. Mientras tanto, la credibilidad de la fuerza vuelve a quedar en entredicho, en un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones atraviesa una etapa crítica.
