La sesión en la Cámara de Diputados que aprobó la reforma de la Ley de Glaciares dejó al descubierto una grieta en el peronismo cordobés. El proyecto, que obtuvo 137 votos afirmativos contra 111 negativos, buscaba flexibilizar los criterios de protección ambiental para habilitar la expansión minera en zonas de alta montaña.
En Córdoba, la mayoría de los legisladores del PJ provincial se pronunció en contra, argumentando que la iniciativa ponía en riesgo recursos hídricos vitales y debilitaba la autonomía provincial frente a las presiones de las empresas extractivas. El diputado Carlos Gutiérrez, referente del schiarettismo, fue uno de los más duros al advertir que la reforma actuaba como un “caballo de Troya” contra la sostenibilidad ambiental.
Sin embargo, los votos de Ignacio García Aresca y Alejandra Torres, los dos alineados con el gobernador Llaryora, se diferenciaron del resto del bloque y acompañaron la sanción de la ley. Este gesto, interpretado como un alineamiento con el oficialismo nacional, generó sorpresa y malestar en la bancada cordobesa, que hasta ahora había mostrado cohesión en temas sensibles de política ambiental.
La fractura plantea interrogantes sobre el futuro del PJ cordobés en el Congreso: ¿se trata de una diferencia coyuntural o del inicio de un reacomodamiento interno? No es la primera vez que el llaryorismo y el schiarettismo exponen sus diferencias a cielo abierto. Para algunos analistas, la votación refleja tensiones entre el pragmatismo de ciertos dirigentes, que buscan acercarse al gobierno nacional, y la estrategia distinta del schiarettismo.
En cualquier caso, la discusión sobre los glaciares no solo expuso la fragilidad de los consensos ambientales en el país, sino también la vulnerabilidad de los bloques provinciales frente a las presiones de la política nacional. El PJ cordobés, que históricamente se mostró como un actor disciplinado, ahora enfrenta el desafío de recomponer su unidad o aceptar que la fragmentación se ha instalado en su representación parlamentaria.
