Después de las elecciones legislativas y el respaldo que recibió la gestión de Javier Milei, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, presentó el Plan de Reducción de Impuestos 2026, una iniciativa que promete ser la más ambiciosa en décadas a nivel provincial. El anuncio, realizado en simultáneo con la presentación del Presupuesto 2026, propone una rebaja tributaria de $900.000 millones —equivalente a unos USD 600 millones— con foco en Ingresos Brutos, el Inmobiliario Urbano y el alivio a pymes y sectores informales.
La estrategia busca blindar el consumo, dinamizar la inversión productiva y atraer a sectores que hoy operan fuera del sistema formal, en línea con la previsión nacional de un crecimiento económico del 6% para el próximo año.
El anuncio fue recibido con entusiasmo por cámaras industriales, comerciantes y pymes, que ven en la medida una oportunidad para recuperar márgenes, expandir operaciones y formalizar actividades. Según voceros del sector comercial, la rebaja para actividades de menor facturación es una señal positiva, especialmente en un escenario de recesión inducida y alta presión fiscal.
Sin embargo, la cautela no desaparece. Algunos empresarios advierten que el éxito del plan dependerá de:
- La coordinación con Nación, especialmente en materia de coparticipación y subsidios.
- La capacidad de la provincia para sostener servicios públicos sin comprometer calidad.
- La implementación efectiva de la reforma, evitando que el alivio quede diluido por burocracia o compensaciones indirectas.
Según el desglose oficial, el plan contempla:
- Reducción de Ingresos Brutos para sectores productivos y comerciales.
- Alivio en el impuesto Inmobiliario Urbano, con revisión de valuaciones fiscales.
- Incentivos para la formalización de actividades informales, especialmente en servicios y manufactura.
- Compensaciones presupuestarias vía eficiencia administrativa y reordenamiento del gasto público.
El movimiento de Llaryora no solo tiene impacto local. En medio de un debate nacional sobre federalismo fiscal y autonomía tributaria, la apuesta cordobesa podría convertirse en un modelo replicable para otras provincias que buscan reactivar sus economías sin esperar transferencias nacionales.
Para el empresariado, la señal política es clara: Córdoba no solo administrará la escasez, sino que intentará crecer bajando impuestos. El desafío será convertir esa promesa en resultados sostenibles, sin comprometer la solvencia fiscal ni la equidad tributaria.
