Hay peleas que, en política, nunca terminan del todo. Pueden quedar archivadas durante algunos años, cambiar los protagonistas o incluso modificar el escenario institucional. Pero cuando vuelven a aparecer, recuperan rápidamente una carga simbólica que excede largamente al conflicto puntual.
Eso es lo que está ocurriendo con Martín Llaryora, el Suoem de Rubén Daniele y el juecismo.
El conflicto por los inspectores de tránsito municipales podría ser leído, en una primera mirada, como una disputa sobre competencias, salarios y prestación de servicios. Pero la velocidad con la que la discusión escaló hasta involucrar al gobernador, al intendente Daniel Passerini, al gremio municipal y al Frente Cívico revela que hay algo más importante en juego: la disputa por quién representa el orden y quién queda asociado al desorden.
Llaryora conoce perfectamente el valor político de esa batalla.
Cuando fue intendente de Córdoba, entre 2019 y 2023, construyó una parte importante de su identidad política enfrentando al Suoem. La reducción de la jornada laboral municipal y el conflicto con la estructura sindical fueron presentados como una pelea contra los privilegios de una organización que, durante décadas, había adquirido un enorme poder dentro del Palacio 6 de Julio. Aquella confrontación tuvo un rendimiento político considerable para Llaryora: le permitió mostrarse como el dirigente que estaba dispuesto a enfrentarse con uno de los actores con mayor capacidad de presión de la administración municipal.
Ahora, como gobernador, vuelve a utilizar aquella herramienta.
El episodio de los inspectores de tránsito le ofreció una oportunidad particularmente conveniente. El domingo pasado, la falta de prestación del servicio coincidió con una jornada de enorme concentración de personas en la capital: el clásico entre Belgrano y Talleres, una maratón y una procesión religiosa. La Provincia respondió poniendo a la Policía en funciones vinculadas al ordenamiento del tránsito y Llaryora salió públicamente a denunciar lo que definió como una conducta extorsiva del gremio.
El Suoem respondió con la lógica inversa: acusó al gobernador de intentar avanzar sobre competencias municipales y negó que se hubiera tratado de un paro. Según la explicación sindical, los inspectores habían dejado de realizar tareas adicionales que no estaban siendo abonadas y existían reclamos salariales pendientes.
Pero, en términos políticos, la discusión ya había escapado de ese terreno.
Porque Llaryora no se limitó a confrontar con Daniele. También introdujo al juecismo en la escena.
Y ahí aparece la verdadera dimensión estratégica de la pelea.
El gobernador y su entorno comenzaron a instalar la idea de que detrás de la confrontación del Suoem existe una motivación política vinculada con el Frente Cívico de Luis Juez. El concejal oficialista Marcos Vázquez planteó abiertamente esa interpretación y Llaryora la respaldó públicamente.
No es una asociación nueva.
El peronismo cordobés lleva años intentando instalar una relación entre el Suoem de Daniele y las gestiones del juecismo. El argumento tiene un componente histórico: durante el gobierno municipal de Luis Juez, el gremio consolidó una relación de fuerte gravitación sobre la administración y el sindicato quedó incorporado a la discusión sobre los límites del poder político frente al poder corporativo.
Por eso, cuando Llaryora enfrenta al Suoem, no enfrenta solamente a un sindicato. También reactiva una vieja discusión sobre el modelo de municipio que dejó el juecismo.
La respuesta del Frente Cívico muestra que el mensaje fue recibido.
Walter Nostrala salió a cuestionar la intervención provincial en la ciudad y acusó a Llaryora de intentar condicionar la gestión de Passerini. Del otro lado, el ministro de Comunicación, Daniel Pastore, respondió recordando el paso de Juez y su entorno por el Palacio 6 de Julio y reivindicando el resultado electoral obtenido por Llaryora en la Capital.
La discusión dejó entonces de ser solamente sindical. Se convirtió en una disputa por el pasado y el presente de Córdoba.
Y eso es precisamente lo que más le conviene a Llaryora.
El gobernador tiene por delante un escenario político en el que necesita recuperar centralidad. La economía nacional, la incertidumbre sobre el calendario electoral y la competencia con distintos sectores opositores hacen que cualquier conflicto que permita ordenar el tablero alrededor de un eje conocido tenga un valor adicional.
El Suoem ofrece ese eje.
Es un adversario reconocible, con una historia larga de enfrentamientos con los gobiernos municipales y con una imagen pública que difícilmente pueda considerarse favorable entre todos los sectores de la sociedad cordobesa. Enfrentarlo permite a Llaryora ubicarse en un lugar políticamente rentable: el del dirigente que pone límites a una estructura corporativa y garantiza que los servicios esenciales no queden subordinados a una disputa gremial.
La palabra que eligió el gobernador no es casual: orden.
“El compromiso con el orden”, la seguridad de los ciudadanos, la imposibilidad de que un grupo de empleados pueda condicionar el funcionamiento de una ciudad. El discurso tiene una clara dimensión política porque transforma una controversia laboral en una cuestión de autoridad.
Y en ese punto aparece una diferencia importante con aquella pelea de su etapa como intendente.
Ahora Llaryora no habla solamente como jefe de una administración municipal. Habla como gobernador y utiliza el poder provincial para garantizar servicios que corresponden a la ciudad. Eso introduce una segunda discusión: hasta dónde puede avanzar la Provincia sobre competencias municipales en nombre de garantizar el orden.
El Suoem pretende instalar justamente ese límite.
Llaryora, en cambio, parece decidido a correrlo.
La pelea también le permite ordenar al oficialismo detrás de un adversario externo. Passerini queda alineado con la Provincia; el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, aparece como uno de los protagonistas de la respuesta; y el peronismo capitalino vuelve a discutir con el juecismo alrededor de un tema que históricamente ha sido sensible para Córdoba: el funcionamiento de la Municipalidad.
Hay, además, una paradoja.
Llaryora necesita defender a Passerini y, al mismo tiempo, no puede permitir que la Municipalidad aparezca como un territorio político completamente autónomo. La intervención provincial en una cuestión de tránsito puede leerse como un respaldo al intendente, pero también como una demostración de quién tiene capacidad efectiva para garantizar el funcionamiento de la ciudad cuando aparece una crisis.
En otras palabras: el gobernador enfrenta al Suoem, pero también está marcando territorio dentro de Córdoba capital.
Por eso el juecismo resulta tan útil en esta construcción.
Si el conflicto pudiera ser presentado exclusivamente como una pelea entre el Gobierno y un sindicato, la discusión quedaría circunscripta al mundo gremial. Si, en cambio, se instala la idea de que el Suoem funciona como instrumento de una oposición política, el conflicto adquiere otra dimensión: deja de ser una disputa salarial o administrativa y pasa a ser una batalla entre dos modelos de poder.
Ese es el escenario que parece buscar Llaryora.
La política cordobesa tiene una memoria particularmente larga. El gobernador sabe que determinadas palabras activan recuerdos: Suoem, Daniele, Juez, Municipalidad, privilegios, orden. Son piezas de un viejo rompecabezas que, convenientemente acomodadas, pueden volver a producir una escena conocida.
Y Llaryora ya comprobó que esa escena puede ser electoralmente rentable.
La incógnita es si la fórmula todavía conserva la misma eficacia.
El contexto es diferente. Llaryora ya no es el intendente que necesita construir autoridad frente a un sindicato municipal. Es el gobernador que debe administrar una provincia con problemas propios, una oposición que intenta recuperar espacio y un escenario electoral que inevitablemente empieza a contaminar cada decisión política.
Por eso la pelea con el Suoem puede ser mucho más que un conflicto circunstancial.
Puede convertirse en el primer capítulo de una estrategia electoral: Llaryora contra el poder corporativo; Llaryora contra el juecismo; Llaryora como garante del orden.
La pregunta, en definitiva, no es solamente qué ocurrirá con los inspectores de tránsito.
La verdadera pregunta es si el gobernador está descubriendo nuevamente que, en Córdoba, pelearse con el Suoem puede ser una manera bastante eficaz de construir poder.
