El gobierno provincial ratificó la decisión de incorporar tecnología de vigilancia para la Policía de Córdoba, aunque la oposición bloqueó la licitación en el Tribunal de Cuentas. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, acusó al juecismo de “hacer política con la seguridad” y defendió la transparencia del proceso.
El gobierno de Martín Llaryora decidió avanzar con la compra de drones para reforzar la seguridad en Córdoba, a pesar de que la oposición logró frenar la licitación en el Tribunal de Cuentas. La medida desató un fuerte cruce político entre el oficialismo y el juecismo, que controla el organismo de control.
El proyecto prevé la adquisición de 15 drones de última generación, software de vigilancia y capacitación para los agentes, con un presupuesto estimado en 7,2 millones de dólares. Según el Ejecutivo, se trata de una inversión estratégica para modernizar el patrullaje y enfrentar delitos complejos en toda la provincia.
Sin embargo, la oposición denunció irregularidades en el pliego, señalando sobreprecios y condiciones que favorecerían a una empresa en particular. El vocal Beltrán Corvalán advirtió que el proceso “parece un traje a medida” y reclamó mayor transparencia antes de avanzar con la compra.
Frente a las críticas, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, salió al cruce y defendió la decisión oficial. “No vamos a permitir que se haga política con la seguridad de los cordobeses. El proceso es transparente y responde a una necesidad urgente: dotar a la Policía de herramientas modernas para cuidar a la gente”, afirmó.
Llaryora, por su parte, acusó al juecismo de bloquear una política clave y de anteponer intereses partidarios a la seguridad pública. “La oposición está jugando con la vida de los cordobeses”, lanzó el mandatario, ratificando que la compra de drones seguirá siendo prioridad para su gestión.
La disputa expone la tensión entre el Ejecutivo y los organismos de control, y abre un debate más amplio sobre el uso de tecnología en seguridad y la transparencia en las contrataciones públicas. Mientras tanto, el futuro de la licitación permanece en suspenso, pero el gobierno ya dejó claro que no piensa dar marcha atrás.
