La efímera vigencia del esquema de retenciones cero —anunciado por el Gobierno nacional y agotado en apenas tres días hábiles— reactivó tensiones entre la Casa Rosada y los gobernadores que integran Provincias Unidas, el espacio opositor con base en el interior productivo. La medida, que inicialmente fue celebrada por los mandatarios provinciales como un gesto hacia el agro, terminó beneficiando a grandes cerealeras y dejando afuera a miles de productores medianos y pequeños.
En paralelo, el acuerdo financiero con Estados Unidos —que incluye un swap de monedas por US$20.000 millones y la posible compra de bonos— sumó presión sobre el Gobierno argentino para revertir la exención impositiva. El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, deslizó que Washington trabaja con Buenos Aires para “poner fin a la exención fiscal para los productores de commodities que liquidan divisas”. La frase fue interpretada como una advertencia: el beneficio no debe extenderse más allá de octubre.
Este cruce de intereses impacta directamente en Provincias Unidas. Gobernadores como Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut) habían celebrado la medida, pero ahora expresan el malestar de sus bases productivas por la brevedad del beneficio y la falta de equidad en su aplicación.
La cumbre prevista para el 30 de septiembre en Chubut será clave. Allí se espera que los mandatarios refuercen su postura frente a la Casa Rosada y discutan cómo reposicionar el reclamo en un contexto internacional complejo, donde la disputa comercial entre EE.UU. y China convierte a la Argentina en un actor incómodo. La presión norteamericana para restablecer las retenciones busca frenar el aluvión de soja argentina hacia Pekín, que ya reservó más de 1,3 millones de toneladas tras el anuncio de retenciones cero.
En este escenario, Provincias Unidas podría encontrar una nueva oportunidad: convertir el enojo por la medida fallida en una plataforma de consenso regional, que articule reclamos fiscales, productivos y federales. Pero también enfrenta un riesgo: que el acuerdo con EE.UU. condicione las decisiones económicas del Gobierno y limite el margen de negociación de los gobernadores. La tensión está servida.
