Entre el ajuste nacional y la presión gremial, el gobernador cordobés enfrenta un frente de conflicto que pone a prueba su capacidad de equilibrio político
El inicio del ciclo lectivo en Córdoba no ha sido la fiesta de guardapolvos que el Centro Cívico hubiera deseado. Por el contrario, las aulas se han convertido en el escenario de una puja distributiva que trasciende lo salarial para transformarse en un desafío político central para la administración de Martín Llaryora.
Un escenario de pinzas: Llaryora camina sobre un delgado hilo. Por un lado, el recorte drástico de fondos nacionales —especialmente la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid)— dejó un agujero fiscal que la provincia debe cubrir con recursos propios o trasladar al bolsillo del trabajador.
Por otro lado, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) ha endurecido su postura, impulsada por bases que ven cómo la inflación licúa acuerdos que ayer parecían razonables.
Para el gobernador, el conflicto docente no es solo una cuestión de paritarias. Es un test de su modelo de gobierno. Llaryora busca proyectar una imagen de «gestión eficiente y equilibrio fiscal» en el marco de su proyección nacional. Sin embargo, un conflicto prolongado con paros y movilizaciones erosiona su capital político interno y afecta a un sector sensible de la clase media cordobesa, su principal base electoral.
La estrategia oficial ha oscilado entre la oferta de sumas fijas y la apelación a la «responsabilidad fiscal». Sin embargo, el gremio docente cordobés, históricamente combativo, ha demostrado que no aceptará una pérdida del poder adquisitivo sin dar batalla. El desenlace de este conflicto definirá mucho más que el salario de un maestro: determinará la capacidad de resolución de Llaryora y su relación con el arco sindical en un año que promete ser económicamente asfixiante.
