El gobernador cordobés despliega una estrategia de negociación que combina el peso de su bloque en Diputados, el diálogo con otros mandatarios de Provincias Unidas y una ronda de consultas con gremios y empresarios. Busca mostrarse como un actor clave en la discusión nacional, sin quedar atrapado entre el oficialismo libertario y la oposición dura.
En la pulseada por la reforma laboral, Martín Llaryora decidió no quedar como espectador. El gobernador de Córdoba entiende que su bloque en Diputados puede transformarse en un factor de equilibrio en un Congreso donde cada voto cuenta. Consciente de que no tiene margen para un rechazo absoluto ni para una adhesión sin condiciones, apuesta a una estrategia de negociación que lo muestre como árbitro y garante de los intereses provinciales.
La primera pieza de ese esquema es el rol de los legisladores de Hacemos Unidos por Córdoba. Llaryora les pidió que se preparen para un debate fino, artículo por artículo, con la idea de acompañar los cambios que modernicen el régimen laboral pero frenar cualquier intento de recortar derechos adquiridos o recursos que afectan a las provincias. El mensaje es claro: Córdoba no será un obstáculo, pero tampoco un cheque en blanco.
En paralelo, el mandatario cordobés intensificó sus contactos con otros gobernadores de Provincias Unidas. La intención es construir una posición común que defienda el federalismo frente a un proyecto que, según advierten, podría recentralizar poder en la Nación. Las conversaciones incluyen reuniones técnicas y encuentros informales, donde se mide el impacto fiscal y laboral en cada distrito.
La tercera pata de la estrategia son las consultas con gremios y empresarios. En el Centro Cívico se desplegó un esquema de “semáforo” para que cada sector marque los puntos del proyecto que apoya, rechaza o considera negociables. La CGT y sindicatos provinciales ya hicieron saber su rechazo a los aspectos más duros de la reforma, mientras que las cámaras empresarias reclaman mayor flexibilidad en las contrataciones, aunque también advierten sobre la necesidad de preservar la paz social.
El desafío de Llaryora es delicado: debe evitar quedar alineado con el oficialismo libertario, pero también con un rechazo absoluto que lo encasille en la oposición dura. En ese equilibrio se juega su proyección nacional y su capacidad de mostrarse como un gobernador que no solo defiende a Córdoba, sino que también puede articular consensos en un escenario político fragmentado.
