La segunda lectura del Presupuesto provincial llega con tensión política y sindical. El oficialismo busca aprobar la norma que faculta al Ejecutivo a elevar los aportes jubilatorios de los estatales, mientras gremios y opositores denuncian un ajuste encubierto.
La Legislatura de Córdoba se prepara para una sesión clave. Este miércoles se tratará en segunda lectura el Presupuesto 2026, un proyecto que ya generó fuertes controversias en su primera aprobación. El foco estará puesto en el Artículo 63, que otorga al Poder Ejecutivo la facultad de incrementar de manera unilateral hasta un 4% las alícuotas de aportes personales de los trabajadores estatales, previstas en la Ley 8024 de Jubilaciones y Pensiones.
El Gobierno provincial defiende la medida como una herramienta para fortalecer la Caja de Jubilaciones en un contexto de desequilibrio financiero y deuda pendiente de la Nación por la armonización previsional. Según el oficialismo, la cláusula es preventiva y se aplicaría solo en caso de necesidad, evitando un colapso del sistema.
Sin embargo, los gremios estatales —docentes, judiciales, municipales y de la salud— han manifestado un rechazo absoluto. En los últimos días protagonizaron marchas multitudinarias en el centro de Córdoba, denunciando que el artículo implica un ajuste directo sobre los salarios de los trabajadores activos y un retroceso en derechos previsionales consolidados. “No vamos a avalar ningún avance regresivo”, advirtieron en un comunicado conjunto.
La oposición también cuestiona la iniciativa, señalando que se trata de una delegación excesiva de facultades al Ejecutivo y que abre la puerta a un aumento discrecional de los descuentos salariales. El oficialismo, en cambio, confía en que cuenta con los votos necesarios para aprobar el presupuesto en su totalidad, incluyendo el artículo en disputa.
La importancia de la sesión radica en que el Presupuesto es la “ley de leyes” que ordena las cuentas públicas del año próximo. Su aprobación marcará el rumbo fiscal y previsional de la provincia en 2026. El artículo 63, en particular, se ha convertido en un símbolo de la tensión entre el Gobierno y los sindicatos, y su sanción podría derivar en nuevas medidas de fuerza y un clima de conflictividad sostenida.
En definitiva, la Legislatura cordobesa se enfrenta mañana a una decisión que trasciende lo técnico: aprobar el Presupuesto con el artículo 63 significará priorizar la sostenibilidad financiera de la Caja de Jubilaciones, pero al costo de profundizar el enfrentamiento con los gremios y abrir un frente político que promete seguir caliente en los próximos meses.
