La Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente Cívico solicitaron el juicio político del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, tras la detención del director de la Policía Caminera, Maximiliano Ochoa Roldán, acusado de liderar una red delictiva dentro de la fuerza.
El pedido fue anunciado en una conferencia encabezada por el diputado nacional Rodrigo de Loredo, quien denunció una “corrupción estructural” enquistada en las fuerzas de seguridad provinciales. “No alcanza con la renuncia del ministro, se debe desplazar también al jefe de la Policía”, afirmó, en referencia al comisario general Héctor Leonardo Gutiérrez.
Ochoa Roldán fue imputado por asociación ilícita, extorsión, peculado y enriquecimiento ilícito. Su detención desató una crisis institucional que, según la oposición, expone la falta de control político sobre las fuerzas de seguridad. “La gente ya no cree en los de azul, y eso es lo grave”, sostuvo Marcos Ferrer, presidente del comité provincial de la UCR.
Desde el Frente Cívico también se sumaron al reclamo, señalando que el caso refleja una “crisis profunda” en el Ministerio de Seguridad. En un comunicado, acusaron a Quinteros de “inoperancia” y de evadir su responsabilidad política mediante “circos mediáticos”.
El bloque radical anticipó que buscará los votos necesarios para avanzar con el juicio político en la Legislatura provincial. Mientras tanto, el Gobierno designó al comisario general Santiago Daniel Bolloli como nuevo director de la Caminera, tras verificar que no posee antecedentes disciplinarios ni causas penales activas.
El escándalo reavivó el debate sobre la transparencia y el control civil en las fuerzas de seguridad, en un contexto de creciente desconfianza ciudadana. Para la oposición, lo ocurrido no es un hecho aislado, sino el último eslabón de una cadena de irregularidades que atraviesa a toda la estructura policial.
