La reciente decisión del gobernador Martín Llaryora de aumentar el haber mínimo jubilatorio en la provincia de Córdoba generó un fuerte cruce con el gobierno nacional. El incremento del 84,21%, que eleva el haber mínimo de $380.000 a $700.000, fue acompañado por un bono bimestral de $100.000 para quienes perciban hasta $1.300.000.
La medida se financia parcialmente con fondos que la Nación comenzó a girar a Córdoba tras un fallo de la Corte Suprema que reconoció una deuda histórica con la Caja de Jubilaciones provincial. Según el gobierno cordobés, estos recursos —unos $5.000 millones mensuales— permiten mejorar los ingresos de los jubilados más vulnerables, sin comprometer el equilibrio fiscal que la provincia mantiene desde hace más de 20 años.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, calificó la decisión como una “afrenta al Gobierno nacional” y advirtió que genera una “distorsión” entre las jubilaciones provinciales y nacionales. Según Francos, el aumento se financia con fondos que provienen de todos los argentinos, lo que considera injusto frente a un sistema nacional que no puede sostener mejoras similares.
La respuesta cordobesa
Desde el oficialismo provincial, el legislador Miguel Siciliano respondió con dureza, acusando a Francos de actuar con “desconocimiento o malicia”. Afirmó que el aumento se paga con fondos provinciales y que Córdoba tiene uno de los ingresos brutos más bajos del país. Además, defendió el uso de los recursos nacionales para atender a los sectores más vulnerables, en lugar de destinarlos al déficit.
La disputa entre Córdoba y Nación por la Caja de Jubilaciones no es nueva. La provincia nunca transfirió su sistema previsional al régimen nacional, lo que ha generado tensiones recurrentes por el financiamiento del déficit. El reciente fallo de la Corte Suprema y el acuerdo de transferencias parciales reactivaron el conflicto, ahora en un contexto de crisis económica y tensiones políticas crecientes.
