El oficialismo cordobés estuvo shockeado durante semanas, encerrado y complicado por las consecuencias políticas del caso Agostina Vega. Sin embargo, en las últimas horas encontró un motivo para retomar la iniciativa y pasar al contraataque contra la oposición. La oportunidad surgió a partir de las desventuras judiciales de Marcos Carasso, expresidente del radicalismo provincial, exdiputado y actual vocal en el Tribunal de Cuentas de la Provincia, que quedó implicado en una causa por defraudación al Pami de Río Cuarto. Lo que reprocha el oficialismo en su discurso y en su estrategia pública es que el exintendente de Cabrera llegó al organismo de control de la mano de Luis Juez, líder del Frente Cívico y uno de los críticos más ácidos de la gestión llaryorista.
Ahora, el oficialismo está cuestionando una serie de puntos que considera difíciles de justificar y que, a su juicio, marcan que la conducta del juecismo está atravesada por la hipocresía. Por un lado, le reprochan a Carasso un sueldo de bolsillo de 3,9 millones de pesos mensuales en el Tribunal de Cuentas; según Facundo Torres, jefe de bloque del PJ en la Legislatura, Carasso cobra como ministro aunque no está demasiado claro cuáles son las funciones del excandidato a vicegobernador de Juez y, por eso, presentó un pedido de informes.
En las últimas horas, Carasso se presentó en la Justicia Federal de Río Cuarto, donde fue notificado de la imputación que pesa sobre él en el caso del Pami. Previamente, se habían conocido una serie de allanamientos en el domicilio de Carasso y en el Tribunal de Cuentas y trascendió que se trataba de una investigación por una supuesta defraudación a la obra social de los jubilados por 1.400 millones de pesos. Desde el Juzgado sólo dijeron que se trata de una investigación vinculada con Ethical, la empresa que habría incurrido en los sobreprecios, pero el abogado del vocal del Tribunal de Cuentas indicó que la imputación no está relacionada con el fraude económico. Mientras permanezca el secreto de sumario, no se conocerá el detalle del reproche judicial contra Carasso.
Mientras tanto, la imputación le sirve al peronismo para tratar de hacerle pagar un costo político a la oposición; principalmente, al juecismo. La legisladora provincial Karina Bruno dijo en las últimas horas que Carasso es el «Adorni cordobés» y pidió que se lo aparte preventivamente del cargo. Incluso el propio Rodrigo De Loredo hace su juego en el tema: dijo que nunca tuvo afinidad política con Carasso, ni siquiera cuando era presidente radical, y que quien tiene que dar explicaciones es Luis Juez.
Por ahora, el exintendente de Cabrera se mantiene en silencio. Sólo se lo vio salir del Juzgado Federal con la cabeza gacha y sin decir una palabra.
