Emilio Simón es un vivo. Como abogado sabía que al asumir como presidente del Tribunal de Cuentas su restobar Barcelona iba a quedar inhabilitado para ser proveedor de la Municipalidad. Entonces ejecutó una maniobra para soslayar esa molesta incompatibilidad: le transfirió las acciones a su novia, con quien convive y quien es madre de su pequeña hija. Así podría ser funcionario y proveedor a la vez. Combo completo. Un capo.
Él mismo, en una nota periodística de antología, admitió que ese cambio de propietario es discutible desde el punto de vista ético o moral pero jurídicamente irreprochable. Así, Simón, el vivo, se transformó en el presidente del Tribunal de Cuentas, principal órgano de control administrativo del Estado municipal, que se amparó en una legalidad literal, textual, y prefirió ignorar la interpretación que sus actos podían disparar entre los ciudadanos que lo eligieron hace poco más de un año.
Simón razonó como abogado, no como político ni como funcionario. En la Justicia alcanza con atenerse a la juridicidad para salvarse. Pero no ocurre lo mismo en política, donde una argumentación legal no se agota en sí misma sino que desata lecturas y conclusiones. De todas las defensas que podría haber ensayado el tribuno para justificarse, si es que alguna contenía un margen de validez, se inclinó por la peor, por la menos efectiva en términos políticos.
Porque menosprecia al ciudadano y, en consecuencia, se torna insultante: le dice que él, Emilio Simón, es tan vivo que encontró una forma legal de esquivar la Carta Orgánica para seguir facturando y ser funcionario a la vez. La gente común que patalee si quiere; a él no pueden hacerle nada.
El problema de los vivos es el mismo que el de los infieles: pueden disfrutar mientras nada salga a la luz. Pero si lo oculto surge, entonces todo se vuelve pesadilla. Y a Simón lo descubrieron: desde noviembre su restorán Barcelona, o mejor dicho el de su novia, que vive con él pero que al parecer no tiene nada que ver, le vendió al Municipio 77 servicios de catering por 271 mil pesos. Eso es, al menos, lo que se conoce hasta ahora.
El caso Simón podría haber quedado encapsulado, haberse agotado en él mismo, en un tribuno de Cuentas que pisó en falso y que pagó las consecuencias. Sin embargo, el gobierno municipal, desde que el semanario Otro Punto publicó la nota inicial del escándalo, fue sumando un traspié tras otro y se equivocó en todos los planos, principalmente en el político y el comunicacional.
Primero, falló al dimensionar la magnitud de lo que se venía: dejó correr la polémica con la esperanza de que se agotaría rápido. Segundo, cuando comprendió que, en vez de decaer, el escándalo iba creciendo decidió que Simón saliera a dar explicaciones: y el tribuno pronunció entonces la frase en la que confesó que Barcelona es ahora de su novia y que a él sólo pueden caberle reproches éticos o morales ¿Quién evaluó que ese mensaje podía ser tranquilizador y eficiente comunicacionalmente? Por último, en vez de aislar el problema lo expandió y provocó que se diseminara como una mancha aceitosa y alcanzara al resto del gobierno, al oficialismo legislativo y, ahora, hasta al propio Partido Justicialista. Todo sacrificado en el altar de Simón, una figura que hasta ahora parecía menor pero que, a juzgar por los hechos, debe ubicarse entre las relevantes.
El Ejecutivo lo bancó institucionalmente en dos ocasiones: cuando el martes, con el escándalo ya instalado, forzó en el Tribunal de Cuentas su reelección como presidente; y el jueves, cuando no sólo evitó que avanzara la comisión investigadora que reclamó la oposición en su conjunto sino cuando, además, impidió que se usara el micrófono del recinto para hacer la más mínima manifestación en contra de Simón. El justificativo para clausurar el debate fue una formalidad: no corresponde fundamentar un tema o un proyecto si no ha tenido ingreso al cuerpo legislativo.
Por esas horas, el Ejecutivo buscó entre los concejales alguien que se animara a salir a defender al tribuno caído en desgracia. No consiguió a ninguno. Optó entonces por extender todavía más el problema y convocó a la conducción del peronismo al despacho del intendente, donde se analizó qué hacer con Simón y cómo salir de la crisis.
En ese encuentro, que combinó dirigentes partidarios con funcionarios del gabinete, se tiraron algunos datos que pretendieron ser tranquilizadores. El primero fue que la comida facturada por Barcelona se envió -y presumiblemente se ingirió-, a pesar de los rumores que lanzó la oposición de que podrían ser facturaciones truchas.
El segundo dato, que recibió algún reproche, fue que el restobar vinculado a Simón tiene una participación del 26% entre los proveedores de catering. El problema es que a la vez se comprobó con preocupación que ese restobar encabeza el ranking porque ninguna de las demás empresas alcanza una porción semejante de la torta.
Por último, Llamosas les garantizó que de ahora en más no se comerá ni se pagará desde el Municipio un solo canapé que pertenezca a Barcelona. Dejará de ser proveedor. Una decisión esperable pero que, a la vez, instala dudas sobre la argumentación central del oficialismo: que no existen anomalías en el vínculo con el restobar. Si es así, ¿por qué se cancela?
Quienes estuvieron en la reunión del viernes en el despacho del intendente, vieron a un Llamosas golpeado por la situación, tironeado entre quienes le aconsejan que fuerce a Simón a renunciar y quienes le reclaman que no lo sacrifique porque si lo hiciera estaría dando una señal de debilidad y entregándole a la oposición un trofeo que podrá mostrar en sus vitrinas. También señalan que el periodismo no puede imponer las decisiones, los tiempos ni la agenda.
Pierden de vista un punto: la agenda ya está instalada. Simón es un tema público. Al gobierno le corresponde solucionarlo. Hasta ahora se ha negado a relevar al tribuno para no parecer débil pero, con esa decisión, prefirió mostrarse permisivo, incluso cómplice de una acción que ha sido casi unánimemente reprochada.
Mañana podría haber una decisión. Se expedirá el PJ y el propio Llamosas, que pidió el fin de semana para reflexionar, podría pronunciarse. Mientras tanto, todo el mundo se ha mantenido en silencio. Por lo bajo, la explicación para la afonía es unánime: “Es que es indefendible”.
En el encuentro con el PJ y con parte del gabinete se analizaron varias alternativas. Una es contraatacar: desempolvar la historia del artículo 57 de la Carta Orgánica y hacer recordar que fue hecho a la medida de Pedro Marinelli, que dirigía el Concejo Deliberante y formaba parte a la vez de la constructora de su familia. Es decir, el peronismo podría remontarse dos décadas hacia atrás para decirle a la gente que si hay funcionarios actuales que utilizan al Estado en beneficio propio, también los había antes, cuando gobernaban los radicales, y por montos significativamente superiores. Otra idea fue dejar trascender algunas irregularidades del gobierno anterior, el de Juan Jure: pero si esas inconductas existieron, ¿por qué no se denunciaron antes? ¿O quedaron como una prenda de negociación o presión para cuando se las necesitara?
Otra postura fue dejar correr el tiempo porque en algún momento la polémica deberá desinflarse. Todo pasa, como decía Grondona. Es verdad, todo pasa ¿Pero a qué costo? ¿Cuánto habrá perdido de su imagen y su credibilidad el intendende si opta por esperar hasta que la tormenta se aplaque?
Si termina imponiéndose de manera definitiva lo que ha ocurrido hasta ahora, si Simón sigue en su puesto, habrá capítulos todavía difíciles de digerir para el oficialismo. La oposición podría ir a la Justicia. Además, el martes insistirá con la necesidad de poner en marcha una investigación en el Concejo, un ámbito en el que el PJ es vulnerable por las limitaciones inocultables de su bloque. Por último, en el propio Tribunal de Cuentas se propondrá que se realicen auditorías en las áreas a las que Barcelona podría haber prestado servicios. Y uno de los que deberá votar por sí o por no será el mismísimo Simón. El solo hecho de que esté presente cuando se defina si él debe ser investigado es procedimentalmente improcedente.
En el peronismo aseguran que ya es tarde para pedirle la renuncia o la licencia al tribuno, que eso debió ocurrir al principio porque ahora sería una derrota y una admisión de vulnerabilidad. Sin embargo, el gobierno está en una encrucijada ¿Cómo va a salir, si es que pretende hacerlo, a dar ahora una explicación, diez días después? ¿Cómo va a justificar el mutismo durante tanto tiempo? ¿Tanto le insumió ensayar un alegato exculpatorio?
Si es tarde para sacrificarlo, también lo es para defenderlo.
