La eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) se convirtió en uno de los objetivos más complejos de la agenda política del Gobierno. Aunque desde el Poder Ejecutivo se argumenta que las primarias representan un gasto fiscal innecesario y una encuesta financiada con fondos públicos, la viabilidad de su derogación choca contra una pared de restricciones normativas, parlamentarias y de cálculo estratégico. También incide la política: al oficialismo le cuesta convencer incluso a los propios socios de avanzar en ese sentido.
El principal obstáculo radica en la traba constitucional del quórum. A diferencia de otras leyes ordinarias, la legislación electoral exige para su modificación una mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara (129 diputados y 37 senadores). Esta barrera impide el uso de mayorías simples y anula cualquier posibilidad de avanzar mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), ya que la Constitución prohíbe de forma explícita emitir DNU en materia electoral.
A esto se suma la resistencia de los aliados estratégicos. La eliminación de las Paso no solo enfrenta la oposición del bloque opositor principal, sino también la reticencia de sectores aliados e independientes. Para las fuerzas de menor estructura y para las coaliciones compuestas por múltiples partidos, las primarias funcionan como el único mecanismo institucionalizado para resolver disputas internas y definir candidaturas sin depender del arbitraje a dedo de las cúpulas partidarias. Mientras el Gobierno busca simplificar el proceso y reducir gastos, sus socios exigen mantener las primarias para competir en igualdad de condiciones.
Por último, opera el límite del calendario electoral. Cualquier alteración de las reglas de juego político requiere ser sancionada con amplia antelación respecto a la convocatoria formal de los comicios. Con la marcha de los plazos ordinarios y la fragmentación legislativa que exige concesiones elevadas a bloques provinciales, los márgenes de negociación se reducen sensiblemente, lo que vuelve cada vez más improbable consensuar un texto definitivo a tiempo.
Sin la certeza de contar con los votos justos en ambas cámaras y con el tiempo en contra, la intención de desarmar el esquema de las primarias termina funcionando más como un elemento de presión narrativa que como un proyecto con factibilidad inmediata. Salvo que se consolide un acuerdo transversal con los gobernadores y los bloques intermedios, el sistema de las Paso se encamina a mantenerse como el mecanismo rector del próximo turno electoral.
