Las secuelas de la negociación se veían en las caras de los funcionarios. Gestos adustos, signos de cansancio. El más entusiasmado era el intendente Juan Manuel Llamosas, que relataba cómo, a su juicio, el acuerdo con Cotreco había sido beneficioso para el Municipio no sólo porque el canon final bajó en 2,1 millones de pesos con respecto a la oferta original sino, además, porque el 66 por ciento de las indemnizaciones de 140 millones de pesos quedaban a cargo de la empresa.
Del otro lado, vía telefónica, Horacio Busso, CEO de Cotreco, también decía que la discusión había sido dura, desgastante y agotadora, que al final se peleaban hasta por 25 mil pesos al mes. Busso le destaca a Llamosas su minucioso interés por anticiparse a las lecturas políticas que generará cada decisión y su negativa a tomar decisiones que pudieran afectar al intendente que estará en el Municipio dentro de 8 años.
En el capítulo de la higiene urbana que el gobierno municipal acaba de cerrar hay luces, pero que no alcanzan para erradicar las sombras y los interrogantes que genera el acuerdo.
Primero, las luces. Llamosas pudo concluir en tiempo récord -la convocatoria se hizo en diciembre del año pasado- una licitación que en otras ciudades ha sido compleja y traumática. Lo hizo sin conflictos, sin la acostumbrada efervescencia del gremio, y con la adjudicación del servicio por los próximos seis años. Sin ir más lejos, Córdoba capital es la contracara:?sigue embarcada en una interminable odisea, que data de 2008, y que siempre termina igual: en fracaso.
Ahora, Ramón Mestre, intendente capitalino, se vio obligado a llamar a licitación pero sin precio de referencia, lo que le da al proceso un horizonte de absoluta imprevisibilidad.
En Río Cuarto, Llamosas consiguió normalizar un contrato que venía dando tumbos después de que la administración de Juan Jure probara primero con adquirir la mayoría de Gamsur y, después, cederle casi sin condicionamientos el servicio a una empresa privada, la que desde entonces está en la ciudad y que se quedará entre 6 y 8 años más.
La licitación sólo estuvo teñida por una imposición de la realidad: no se presentó ninguna otra empresa que no fuera Cotreco, lo que eliminó las opciones y dejó al Estado con un escasísimo margen de maniobra. Desde entonces, la competencia que se hubiera dado entre privados se convirtió en un tironeo entre funcionarios y representantes de Cotreco, que terminó con las cifras 5,8 millones de pesos por encima del precio original fijado en los pliegos.
En la vorágine de la discusión, el Ejecutivo además mostró rapidez de reflejos cuando percibió que una de las condiciones que él mismo estableció en la licitación provocaba malhumor y sensación de empeoramiento del servicio: en los días finales de la negociación, le pidió a Cotreco que olvidara el anexo que decía que el 90% de la ciudad se quedaría con una recolección restringida a tres días por semana y que elevara esa prestación a cinco días. La empresa aceptó sin problemas, más que nada porque ese cambio representa un ínfimo impacto en su estructura de costos.
Hasta ahí, los logros del oficialismo. En otros aspectos se abren interrogantes que ponen en cuestión la visión optimista que el gobierno transmitió en la conferencia de prensa en la que anunció el acuerdo para adjudicar el servicio de higiene urbana.
Se trata, principalmente, de las indemnizaciones. Llamosas y su equipo destacaron que Cotreco aceptó pagar dos tercios de la indemnización que corresponderá pagarles a los 264 empleados por el vencimiento del contrato actual y la totalidad de la que habrá que afrontar dentro de ocho años, cuando caduque el vínculo que debutará en mayo. El convenio colectivo de los recolectores establece que, aunque conserven el empleo y la antigüedad, los trabajadores deben cobrar un resarcimiento ante cada cambio de contrato.
A mediados de julio de 2016, pocos días después de asumir, el gobierno de Llamosas aseguró públicamente, en una conferencia de prensa en la que estuvieron el intendente y sus principales funcionarios, que el supuesto documento que había firmado Juan Jure para transferirle al Municipio la responsabilidad de las indemnizaciones no aparecía en ningún expediente y, por lo tanto, aunque existiera carecía de validez legal. Con ese argumento, el Ejecutivo -avalado por la Fiscalía Municipal- determinó que al Estado no le correspondía pagar ni un centavo de la indemnización que entonces se ubicaba en los 100 millones de pesos y hoy está ya en los 140.
¿Si esa obligación debía recaer en el empleador, como fundamentó el gobierno, y si no había dudas de que el empleador era Cotreco, y si por esa causa al Estado no le tocaba afrontar ni un peso, por qué entonces se presenta como una noticia alentadora y se acepta el hecho de abonar ahora 45 millones de pesos? En el gobierno creen que, si no cedían, el diferendo terminaba en la Justicia y que no había certezas de que el Municipio consiguiera ganar. Mientras tanto, condenaba al proceso de licitación al fracaso, lo que hubiera significado un traspié político para la gestión.
La solución que encontraron trató de ser salomónica:?el?Estado se hace cargo del tramo de indemnización que corresponde por los años en que el servicio estuvo en manos de una empresa mayoritariamente estatal, y el resto queda para Cotreco.
Ese reparto de cargas, que derivará en un endeudamiento para que el Municipio pueda pagar sus 45 millones, merecería una explicación más profunda cuando el contrato se discuta en el Concejo.
Con respecto a las indemnizaciones futuras, es una media verdad que la empresa las haya asumido a su cargo; en realidad agregó un 8,33% al cálculo de su costo laboral para contemplar esa obligación.?Es decir, le irá cobrando en cómodas cuotas al Estado lo que habrá que pagar en 8 años. En ese aspecto, Llamosas podría haber elegido pagar 500 mil pesos menos de canon y transferirle la mochila al próximo intendente; sin embargo, prefirió no hacerlo. Es una definición que hay que destacarle.
Las sombras siguen siendo los números. El gobierno presentó, obviamente, como una virtud haber conseguido que Cotreco redujera en 2,1 millones de pesos su oferta original. “Todos creían que iban a bajar entre 600 mil y 700 mil pesos y conseguimos mucho más”, decían con entusiasmo en el Palacio.
Es, indudablemente, una forma de verlo. Pero hay otra, menos optimista. Ni bien se anunció, en diciembre del año pasado, que el precio oficial para la higiene urbana era de 20,5 millones mensuales, Busso, mandamás de Cotreco, declaró que a ese monto le faltaban 5,5 millones y que debía estirarse hasta los 26 millones mensuales. También cuestionó el costoso sistema de contenerización elegido.
El resultado final estuvo muy cerca de sus pretensiones originales: el acuerdo se cerró en 26,3 millones de pesos mensuales, los contenedores serán otros, de mantenimiento considerablemente más barato, y la planta de reciclaje reducirá su superficie a un tercio de lo que dice el pliego.
Es decir, el privado impuso sus principales condiciones;?más que nada, las económicas. En ese punto, lo que aparece como una derrota es adjudicable, más que nada, a la inexperiencia del oficialismo en el manejo de un mercado complejo como el de la basura. Intentó imponer un precio que la prestataria no estaba dispuesta a legitimar, principalmente porque sabe que negocia desde una posición de poder, desde un lugar que contempla la vulnerabilidad de las gestiones municipales ante cualquier anormalidad en la prestación del servicio.
Tal vez el precio acordado no habría implicado una contrariedad si el Municipio no se hubiera apurado en tratar de instalar públicamente que el costo del contrato sería considerablemente menor. Quizás, los 26,3 millones sean el mejor monto posible y hubiera significado un punto a favor si se lo contrastaba sólo con los 28,4 millones que ofertó Cotreco y no con los ya lejanos y descartados 20,5 millones que aparecieron en el pliego.
Mauricio Dova, secretario de Gobierno, fue sincero en ese punto:?“La verdad es que hubiéramos querido pagar menos pero el precio es ese”.
Ahora, el gobierno considera que con Cotreco se cierra el capítulo más complicado de los posibles conflictos que tenía en puerta. Sólo restan las luminarias pero en una escala menor. En el Palacio se imaginan que podrán dedicarse enteramente al pavimento, el cordón cuneta y a cumplir algunas promesas centrales como los dispensarios durante 24 horas y la central de monitoreo en seguridad.
