En una sesión cargada de tensión y críticas cruzadas, el Concejo Deliberante de Río Cuarto aprobó en primera lectura una ampliación presupuestaria que otorga facultades extraordinarias al secretario de Economía municipal, Pablo Antonetti. La medida fue avalada únicamente por el bloque oficialista, mientras que Primero Río Cuarto votó en contra y el Partido Libertario junto a La Fuerza del Imperio del Sur optaron por abstenerse.
El expediente contempla un refuerzo de más de 6.200 millones de pesos y habilita al Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias, incluso provenientes de otros poderes del Estado, para garantizar el pago de sueldos municipales. Según la concejal Antonella Nalli, de Primero Río Cuarto, esta maniobra permitiría redireccionar fondos originalmente destinados a obras públicas, al Concejo Deliberante, al Tribunal de Cuentas y a la Defensoría del Pueblo.
“Esto nunca lo habíamos visto. Se habilita a tocar recursos de organismos autónomos para cubrir partidas de personal. Es una señal de alarma institucional”, advirtió Nalli.
La oposición también cuestionó el viraje discursivo del oficialismo. “Hace un año hablaban de superávit. Hoy reconocen un déficit profundo, con atrasos de hasta tres meses en pagos a proveedores por más de 5.000 millones de pesos”, señaló la edil. Además, denunció falta de transparencia: desde febrero se reclaman resoluciones de rectificación de partidas que nunca fueron enviadas al Concejo.
El temor de la oposición es que el ajuste recaiga sobre la obra pública y comprometa proyectos prometidos a los vecinos, como asfaltos, cordón cuneta y compra de terrenos. “Si los fondos no llegan de la Provincia, difícilmente el Municipio pueda cumplir con lo pactado”, alertó Nalli. También se puso bajo la lupa el gasto en intereses por pagos fuera de término, que en 2025 ya superan los 523 millones de pesos.
La aprobación en primera lectura anticipa una segunda instancia de discusión, pero el clima político ya está caldeado. Para algunos, se trata de una herramienta de emergencia ante una crisis fiscal. Para otros, es una concentración de poder sin precedentes que erosiona controles institucionales.
