En un contexto de creciente presión cambiaria y volatilidad financiera, el gobierno de Javier Milei desplegó una batería de medidas para evitar una disparada del dólar y un colapso de la tasa de interés. La estrategia, que combina reconfiguración de instrumentos de deuda, intervención en el mercado y señales fiscales, busca preservar la estabilidad sin renunciar al dogma de emisión cero.
El punto de partida fue la decisión de no renovar las Letras de Regulación Monetaria (LeFi), utilizadas por el Banco Central para absorber pesos del sistema. Esta medida liberó cerca de $10 billones en el mercado, provocando una baja abrupta de las tasas de interés y una migración hacia el dólar. Ante el riesgo de una dolarización masiva, el gobierno reaccionó con una licitación de deuda “fuera de agenda” y una suba de tasas en los pases pasivos.
Simultáneamente, el Ministerio de Economía amplió la emisión de Letras del Tesoro con vencimiento en 2030, entregadas al Banco Central para cancelar parte de los intereses de deuda intransferible. Esta maniobra permite evitar pagos en efectivo, preservar reservas y mantener el saneamiento del balance del BCRA, eje central del programa económico.
El Banco Central también intensificó su participación en el mercado de dólar futuro, buscando contener las expectativas de devaluación y estabilizar las cotizaciones spot. La señal implícita: el techo tolerado por el gobierno para el tipo de cambio ronda los $1.300, pese a que el régimen de flotación acordado con el FMI permite un margen mayor.
Aunque el gobierno logró frenar momentáneamente la escalada del dólar, persisten riesgos estructurales. La finalización de la cosecha gruesa limita la oferta de divisas del agro, mientras que la baja de tasas le quita atractivo al carry trade y potencia la dolarización electoral anticipada. Además, la estrategia de reemplazar LeFi por Lecaps implica mayor deuda pública, aunque financiada con superávit primario.
