La negociación entre el gobierno provincial y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) atraviesa uno de sus momentos más delicados. Tras semanas de reuniones, contrapropuestas y gestos de acercamiento, la mesa paritaria volvió a mostrar fisuras: en la jornada de ayer, distintas delegaciones departamentales rechazaron el acuerdo que la administración había presentado como “superador”.
La propuesta oficial consiste en un incremento salarial del 40%, escalonado en varios tramos y con cláusulas de revisión hacia mitad de año. El Ejecutivo defendió la oferta como un esfuerzo significativo dentro de un contexto de restricciones fiscales, pero para las bases docentes resultó insuficiente frente al ritmo de la inflación y el encarecimiento del costo de vida.
El rechazo no es menor. En departamentos clave, las asambleas docentes expresaron su descontento con una oferta que consideran insuficiente. El gobierno, por su parte, insiste en que el margen fiscal es estrecho y que la propuesta busca equilibrar las cuentas sin comprometer la sostenibilidad financiera.
La dinámica recuerda a otras negociaciones tensas de los últimos años: un ida y vuelta constante, donde cada gesto es leído como señal política más que como concesión técnica. En los pasillos del Panal se admite que la situación preocupa, no solo por el impacto en las aulas sino también por el desgaste que genera en la relación con un gremio históricamente influyente.
Mientras tanto, la Uepc refuerza su estrategia de presión territorial. Las asambleas departamentales funcionan como termómetro del malestar y, al mismo tiempo, como herramienta para sostener la legitimidad de la conducción gremial frente a la base docente. El resultado es un escenario de incertidumbre: el acuerdo parece lejano y la posibilidad de nuevas medidas de fuerza se instala como horizonte inmediato.
El conflicto docente, lejos de resolverse, se convierte en un espejo de las tensiones más amplias que atraviesan la política provincial: la dificultad de conciliar demandas sociales con restricciones económicas, y la necesidad de sostener gobernabilidad en tiempos de crisis.
