La renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires sacudió el tablero electoral del oficialismo a tres semanas de los comicios legislativos. El economista libertario dio un paso al costado tras el escándalo por el presunto cobro de 200.000 dólares en 2020 de una minera guatemalteca vinculada al empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico en Estados Unidos.
La decisión fue anunciada por Espert en sus redes sociales, donde afirmó que se aparta “por la Argentina” y que demostrará su inocencia “sin fueros ni privilegios”. En su mensaje, denunció una “operación orquestada por el sistema” y un “despiadado juicio mediático” que, según él, busca ensuciar el proceso electoral.
Aunque el presidente Javier Milei había respaldado públicamente a Espert en los días previos, la presión interna del oficialismo —incluidos referentes como Santiago Caputo y Sebastián Pareja— terminó inclinando la balanza. Según reconstrucciones periodísticas, incluso Mauricio Macri intervino en la decisión, recordando el antecedente de Fernando Niembro en 2015 y recomendando la baja como mecanismo de control de daños.
La salida de Espert abre interrogantes sobre el impacto en la boleta bonaerense de La Libertad Avanza. Diego Santilli fue confirmado como su reemplazo, en un intento por contener el voto libertario moderado y evitar fugas hacia el peronismo o el radicalismo. “El camino es duro, pero es el correcto”, afirmó Santilli, mientras Patricia Bullrich reforzó el mensaje de diferenciación: “No somos todos iguales. No permitiremos que nos metan en la misma bolsa que los chorros que se robaron el país”.
Desde la oposición, la lectura fue lapidaria. Mariano Recalde (Fuerza Patria) calificó la renuncia como “una vergüenza” y cuestionó la demora del presidente en tomar distancia. “Ahora más que nunca hay que ponerle un freno a Milei en el Congreso”, sostuvo.
Más allá del daño reputacional, la renuncia de Espert podría tener efectos mixtos para el oficialismo: por un lado, descomprime la presión mediática y judicial; por otro, expone fisuras internas y obliga a recalibrar el discurso de campaña en el distrito más poblado del país. En un escenario de alta polarización, cada punto porcentual cuenta.
