Lo que comenzó como una modificación administrativa terminó revelando una de las presuntas estafas más grandes en la historia reciente del Pami. El caso, que involucra a clínicas privadas, exfuncionarios y empresarios, tiene epicentro en Río Cuarto y ya dejó tres detenidos, allanamientos en más de diez domicilios y una cifra que estremece: entre 500 y 1.400 millones de pesos en sobrefacturaciones.
El 1 de julio de 2024, el Pami central aprobó la resolución 2024-790, que modificó el esquema de autorización para prácticas de rehabilitación en internación y atención ambulatoria. En los papeles, se trataba de una flexibilización para agilizar prestaciones. En la práctica, fue el punto de partida para que empresas como Ethical Salud —una clínica cordobesa con sede en Río Cuarto— comenzaran a facturar tratamientos con escaso control.
Durante meses, las cifras que llegaban desde Río Cuarto llamaban la atención por su volumen. Prestaciones repetidas, pacientes inexistentes o sobrefacturación de sesiones fueron algunos de los patrones que empezaron a inquietar a auditores internos. Pero el quiebre llegó cuando un grupo de empleados del propio Pami local filtró información a periodistas y fiscales federales.
El 7 de noviembre de 2025, la Justicia Federal ordenó más de diez allanamientos simultáneos en Río Cuarto, Alcira Gigena, Berrotarán y Córdoba capital. Entre los domicilios intervenidos, se encontraba la sede de Ethical Salud y la casa de su gerente, quien fue detenido junto a otros dos implicados. Todos fueron trasladados al penal de Bouwer.
Aunque la investigación sigue en curso, los primeros informes judiciales estiman que el monto defraudado podría oscilar entre 500 y 1.400 millones de pesos. La maniobra consistía en facturar tratamientos de rehabilitación que no se realizaban, o que se duplicaban en los registros. La falta de controles tras la resolución 790 fue clave para que el esquema se sostuviera durante más de un año.
La lupa ahora apunta a exdirectores del Pami regional y a funcionarios que habrían omitido controles. También se investiga si hubo connivencia política o favores cruzados entre prestadores y autoridades. El caso, que ya sacude al gobierno libertario, podría escalar a nivel nacional si se comprueba que el esquema se replicó en otras provincias.
Este escándalo no solo pone en jaque la transparencia del sistema de salud pública, sino que revela cómo una resolución técnica puede convertirse en el disparador de una trama millonaria. En Río Cuarto, la olla ya se destapó.
