En los últimos días, el gobernador anunció un nuevo ajuste de gastos en Córdoba, motivado por la fuerte caída de la recaudación provincial y la merma en los envíos de coparticipación desde la Nación. La medida busca preservar el equilibrio fiscal en un escenario de tensión económica y política.
El gobernador Martín Llaryora definió esta semana un plan de racionalización de gastos en la administración provincial, en respuesta a la baja de la recaudación propia y a la reducción de los fondos de coparticipación. El anuncio se produjo en un contexto de creciente preocupación por el impacto de la recesión nacional en las cuentas públicas de Córdoba, que ya muestran señales de deterioro.
El mandatario cordobés explicó que la decisión apunta a “cuidar la estabilidad de la provincia” y garantizar el cumplimiento de los compromisos básicos, como el pago de salarios y el funcionamiento de los servicios esenciales. Para ello, se dispuso la postergación de proyectos no prioritarios y la reducción de partidas en áreas administrativas, con el objetivo de evitar un desbalance mayor en las finanzas.
La caída de la recaudación se combina con un retroceso en los envíos de coparticipación, lo que genera un doble impacto sobre los recursos disponibles. Según fuentes oficiales, la merma en los ingresos nacionales se explica por la contracción de la actividad económica y por la política de ajuste que lleva adelante el gobierno central. En este marco, Córdoba se ve obligada a recalibrar su presupuesto para sostener la gobernabilidad.
En definitiva, la decisión de achicar gastos refleja la tensión que atraviesan las provincias frente a la caída de la recaudación y la coparticipación. Córdoba se suma así a un mapa de administraciones locales que buscan alternativas para sostener sus cuentas en un contexto de incertidumbre. El desafío para Llaryora será lograr que la austeridad no se traduzca en un deterioro de la gestión ni en un costo político difícil de revertir.
