El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei en cadena nacional incluye una medida que encendió alarmas en el ámbito educativo: la eliminación del artículo que obliga al Estado nacional y a las provincias a destinar al menos el 6% del PBI a educación. Esta cláusula, vigente desde 2006 por la Ley de Educación Nacional, fue considerada durante años como un piso mínimo para garantizar el financiamiento del sistema educativo argentino.
La polémica se desató al conocerse el texto completo del proyecto. En su artículo 30, el presupuesto propone derogar la obligación de invertir ese porcentaje, junto con otras normas que fijaban mínimos para ciencia (0,52% del PBI), educación técnica (0,2%) y defensa educativa.
Aunque el presidente aseguró que “el 85% del gasto se destinará a educación, salud y jubilaciones”, especialistas advierten que la eliminación del piso legal representa una señal preocupante. “La derogación del 6% del PBI para educación sincera lo que sucedía. Solo se cumplió en 2015 y estuvo cerca en 2017. La deuda acumulada hasta 2020 era de unos 26 mil millones de dólares que se dejaron de invertir en educación”, explicó Mariano Narodowski, profesor de la Universidad Di Tella.
Según datos oficiales, la inversión consolidada en educación fue del 4,9% del PBI en 2023, cayó al 4% en 2024 y se estima que será del 0,75% en 2026. El economista Javier Curcio, investigador de la UBA y el Conicet, atribuye dos tercios de esa caída a la desinversión nacional, especialmente por la eliminación del Fonid (fondo para salarios docentes) y los recortes en universidades. El otro tercio corresponde a las provincias, afectadas por la baja del salario docente.
Desde el Congreso, Germán Martínez (Unión por la Patria) advirtió que “el presupuesto elimina derechos” y que “no hay mejoras inmediatas para trabajadores, jubilados, universidades o pymes”. Blanca Osuna, también diputada, señaló que “esto les atañe a los gobernadores, que deben comprometerse y no pueden quedarse al margen”.
En el ámbito universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) expresó su preocupación por la insuficiencia de los fondos y la falta de diálogo con el Ejecutivo. Desde octubre de 2024 no hay paritarias docentes, y el salario real de los profesores cayó un 28% en menos de un año.
Mientras algunos analistas interpretan la medida como un sinceramiento de una obligación que nunca se cumplió, otros advierten que la derogación del piso legal representa un retroceso institucional. “Eliminar el 6% es borrar una conquista histórica. Aunque no se cumpliera, era una herramienta de presión y planificación”, sostuvo Alejandra Iriarte, especialista en políticas educativas.
