En Río Cuarto, la delegación local del PAMI dejó de ser una oficina de atención previsional para convertirse en un campo de batalla político y judicial. En menos de un año y medio, tres directores pasaron por el cargo, cada uno envuelto en polémicas, silencios y denuncias que revelan una crisis institucional profunda.
Todo comenzó con la salida de Ricardo Scattolini, que nadie sabe cómo llegó a conducir el Pami. Pasó de ser un contador despedido de una radio a dirigir la obra social de los jubilados. Después, fue el tiempo del empresario Santiago Pinasco, el breve, recordado más por las fotos dormitando en horario laboral que por alguna gestión concreta. Pinasco ni siquiera completó el período de prueba; su sostén en la estructura de La Libertad Avanza fue Gabriel Bornoroni, el jefe del bloque de diputados del mileísmo que se convirtió en el principal referente de los leones libertarios en Córdoba. Su reemplazo, a sólo tres meses de asumir, quedó a cargo de Leonardo Farina, microbiólogo y ex funcionario municipal, de perfil ultrabajo, que asumió en medio de un acuerdo entre el diputado libertario Gabriel Bornoroni y sectores del radicalismo cordobés. Todas las miradas apuntan a Gabriel Abrile, que viene coqueteando con los libertarios desde que perdió la interna radical con Gonzalo Parodi para competir por la intendencia.
El último escándalo, que marca el grado de improvisación que existe en el Pami, fue el fugaz desembarco de una controvertida figura de la política riocuartense: Pablo Carrizo, un exdesarrollista devenido libertario, que fue nombrado director médico de la delegación riocuartense sin ser médico. Apenas un título de enfermero le sirvió para alcanzar uno de los cargos más importantes que tiene la obra social de los jubilados. Carrizo dijo además en un audio que en el nombramiento pesaron sus conocimientos jurídicos -estudia abogacía- y su experiencia en logística -repartía pañales en un utilitario- Sin embargo, el escándalo que generó la designación fue tal que Carrizo duró horas en el cargo: en Buenos Aires descubrieron -mejor dicho les hicieron descubrir- que el desarrollista-libertario había sido condenado en 2022 por violencia de género: la causa empezó cuando el enfermero golpeó a quien entonces era su pareja, que además estaba embarazada. Recibió una pena de 7 meses de prisión y se convirtió en el primer político riocuartense expulsado del Concejo Deliberante por violencia de género.
La pregunta que quedó sobrevolando tras el escándalo fue quién lo impulsó dentro del Pami y quién tuvo el poder para hacerlo volar en menos de un día. Todos los reproches, incluso desde adentro del radicalismo, se los llevó Gabriel Abrile, pero el médico terapista niega cualquier vinculación con el nombramiento.
A las idas y vueltas con las designaciones se suman otros escándalos. El Pami de Río Cuarto viene de tener al número 2, el director médico anterior al fallido Carrizo, denunciado por tres trabajadoras por acoso, hostigamiento y tocamientos reiterados. Una de ellas, jefa de Auditorías, lo enfrentó en 2023: “Estamos en una obra social, no podés tocarles la cola a las empleadas”, le dijo. Él se rió. Dos años después, junto a otras dos funcionarias, formalizó la denuncia en la Unidad Judicial N°1.
El juez Mariano Correa dictó una orden de restricción, y las denunciantes fueron reasignadas. Dos de ellas están con carpeta médica y bajo tratamiento psicológico. La causa, en manos del fiscal Javier Di Santo, aún no tiene imputados, pero los testimonios apuntan a episodios que podrían configurar abuso sexual.
Otro escándalo está vinculado con autorizaciones sospechosas de prácticas médicas de alta complejidad. Históricamente se aprobaban 4 y de un momento a otro pasaron a autorizarse 100.
