La mañana del 21 de abril de 2026, la Legislatura de Córdoba se transformó en escenario de un hecho inédito: el inicio del jury de enjuiciamiento contra los fiscales Luis Pizarro, Javier Di Santo y Daniel Miralles, responsables de la investigación por el asesinato de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006 en Río Cuarto.
El proceso, que se extenderá hasta fines de mayo, busca establecer si los funcionarios incurrieron en mal desempeño y negligencia grave durante una causa que se convirtió en una herida abierta para la sociedad cordobesa. La acusación sostiene que los fiscales se asentaron en hipótesis débiles, omitieron pruebas genéticas clave y prolongaron un expediente que terminó con la prescripción de los principales imputados, dejando a la víctima sin justicia y a su familia bajo el peso de la sospecha.
La primera audiencia está marcada por la lectura de las acusaciones y la presencia de un público expectante. Entre los 37 testigos convocados figuran el viudo Marcelo Macarrón y sus hijos, quienes durante años cargaron con el estigma de haber sido señalados como posibles responsables. La familia busca ahora que se reconozca el daño causado por casi dos décadas de incertidumbre y exposición mediática.
El caso Dalmasso, que en su momento sacudió a Río Cuarto y trascendió las fronteras provinciales, se convirtió en un espejo de las falencias estructurales del sistema judicial argentino: cambios de hipótesis sin sustento, filtraciones mediáticas, presiones políticas y una sucesión de fiscales que nunca lograron encaminar la investigación. La aparición de ADN vinculado al parquetista Roberto Bárzola, años después, terminó de evidenciar las omisiones y errores que hoy se juzgan.
Más allá de los nombres propios, el jury interpela a la justicia cordobesa en su conjunto. La pregunta que sobrevuela es si el sistema fue cómplice de su propio fracaso. La destitución de los fiscales, en caso de concretarse, marcaría un precedente histórico: por primera vez se sancionaría institucionalmente a quienes, en lugar de garantizar justicia, la dilataron hasta la impunidad.
En Río Cuarto, el inicio del proceso reavivó la memoria de un crimen que nunca encontró resolución. Vecinos, periodistas y organizaciones sociales coinciden en que el jury no solo busca responsabilidades individuales, sino también restaurar la credibilidad de un Poder Judicial que quedó en entredicho.
El veredicto, previsto para el 28 de mayo, será más que una decisión administrativa: se leerá como un mensaje político y social sobre la capacidad del Estado de corregir sus propios errores. Mientras tanto, la ciudad revive el fantasma de una causa que se convirtió en símbolo de desconfianza y que hoy enfrenta su último capítulo institucional.
