El reciente anuncio del gobernador Martín Llaryora sobre el aumento del haber mínimo jubilatorio en Córdoba —que pasará de $380.000 a $700.000 mensuales, junto con un bono bimestral de $100.000 para quienes perciban hasta $1.300.000— tuvo un alto impacto incluso a nivel nacional. Pero detrás del gesto político y social, se abre un interrogante clave: ¿cuál será el impacto fiscal de esta medida?
El financiamiento del incremento proviene de fondos que la Nación comenzó a transferir a Córdoba tras un acuerdo judicial por la deuda acumulada con la Caja de Jubilaciones. En mayo, la Corte Suprema avaló un adelanto de $60.000 millones, pagaderos en 12 cuotas mensuales de $5.000 millones. Este flujo parcial permite sostener el aumento en el corto plazo, pero su continuidad depende de futuras transferencias y de la auditoría conjunta que definirá el monto total adeudado.
Según datos de la Caja de Jubilaciones, cerca de 18.000 beneficiarios —el 15% del total— recibirán el nuevo haber mínimo o el bono complementario. Si se proyecta el costo mensual del aumento y el bono sobre ese universo, el gasto adicional podría rondar los $13.000 millones mensuales. Esto representa un incremento significativo en el presupuesto previsional provincial, que ya arrastra un déficit estructural desde hace años.
Desde el punto de vista fiscal, el principal riesgo es la dependencia de fondos nacionales que aún no están garantizados en su totalidad. Si el flujo se interrumpe, la provincia deberá decidir entre ajustar el beneficio, reasignar partidas o aumentar la presión tributaria. Por otro lado, la medida refuerza el posicionamiento político de Llaryora, que viene intensificando su diferenciación con el presidente Javier Milei. El anuncio de Llaryora se produjo un día después de que el jefe de Estado confirmara en la Sociedad Rural de Palermo que vetará un incremento a los jubilados nacionales de apenas 22 mil pesos.
El caso cordobés podría convertirse en un antecedente para otras provincias que reclaman deudas previsionales ante la Nación. Al menos 13 jurisdicciones mantienen litigios similares. Si el modelo de financiamiento parcial y aumento focalizado se sostiene, podría abrir la puerta a una nueva etapa de federalismo fiscal negociado.
