El último informe del FMI sobre Argentina fue contundente: el organismo considera que el país debe revisar su esquema tributario para incrementar ingresos y reducir distorsiones. Entre las recomendaciones más sensibles se encuentran dos pilares: volver a ampliar la base del Impuesto a las Ganancias y reformar el Monotributo.
En el caso de Ganancias, el Fondo señaló que la recaudación actual —equivalente al 1,8% del PBI— está muy por debajo del promedio regional. La reforma de 2023 redujo drásticamente la cantidad de trabajadores alcanzados, dejando a menos del 1% de los empleados formales bajo el tributo. El FMI propone regresar a un esquema similar al de 2019, donde alrededor del 20% de los asalariados tributaban. Esto implicaría que más de dos millones de personas vuelvan a pagar.
Respecto al Monotributo, el organismo advierte que el régimen simplificado genera fragmentación empresarial y desigualdad frente al sistema general. Por eso sugiere “alinearlo” con el régimen común, homogeneizando cargas fiscales y reduciendo los saltos bruscos entre categorías. El objetivo es que los pequeños contribuyentes no tengan incentivos a permanecer artificialmente en escalas bajas y que el sistema sea más progresivo.
El gobierno nacional reaccionó con rapidez: apenas trascendieron las recomendaciones, voceros oficiales aclararon que no habrá cambios en Ganancias ni en Monotributo. La decisión responde a una lógica política más que técnica. En un contexto de recesión, caída del consumo y pérdida de poder adquisitivo, cualquier intento de aumentar la presión tributaria sobre trabajadores y pequeños contribuyentes se percibe como un golpe directo al bolsillo.
La marcha atrás busca evitar un choque social y político. Los sindicatos ya habían advertido que gravar nuevamente a asalariados medios podía derivar en conflictividad laboral, mientras que los gobernadores temían un costo electoral en sus provincias. El oficialismo entendió que insistir en la reforma podía erosionar aún más su capital político y complicar la gobernabilidad.
En definitiva, el episodio expone la tensión estructural entre las exigencias del FMI y la política doméstica. El organismo reclama reformas para garantizar sostenibilidad fiscal, pero el gobierno prioriza preservar consensos en un momento de fragilidad económica y social. La aclaración inmediata de que no habrá cambios en Ganancias ni en Monotributo es, en ese sentido, un gesto de supervivencia política: la gobernabilidad, al menos por ahora, pesa más que la ortodoxia fiscal.
