Martín Llaryora tenía un plan. En los últimos meses, a medida que se profundizaba la caída de Javier Milei en las encuestas, el gobernador de Córdoba había ido intensificando su estrategia de diferenciación: combinó un discurso cada vez más crítico, centrado en la falta de humanidad de la gestión nacional, con acciones que apuntaban a mostrar que un modelo diferente es posible. La Provincia apareció cada vez con más frecuencia como el actor que podía para ocupar los espacios que el Estado nacional había abandonado. Anunció políticas para suplir la crisis del Pami, para acompañar a los discapacitados, para financiar a las escuelas técnicas. Se quejó en público de la crueldad y el abandono.
El objetivo era sostener esa línea para consolidar la idea de que Córdoba tiene un modelo propio que, sin déficit, puede mostrar un Estado presente, humano. La meta: 2027.
Pero un hecho traumático, socialmente conmocionante, lo cambió todo. El crimen de Agostina Vega, la nena de 14 años que apareció en un descampado después de una semana de búsqueda desesperada, no sólo movió los cimientos de la provincia sino que tuvo una amplísima repercusión en todo el país. Normalmente, un femicidio de esas características tiene impacto. Shockea la edad de la nena, la manera en que apareció, el dolor de la familia, la sensación de inseguridad que genera en toda la sociedad. Pero este caso tuvo un agravante a la hora de considerar los costos políticos: el acusado, Claudio Barrelier, aparece entremezclado con la política cordobesa, con lo que socialmente aparece como lo más cuestionable y cuestionado de la política. Era empleado municipal que ingresó sin concurso, barrabrava y fuerza de choque, en teoría apadrinado por un abogado y exconcejal, Ricardo Moreno, que quedó asociado para siempre al concepto de impresentable. Además, Barrelier debía estar preso: en mayo de 2025 fue acusado por privación ilegítima de la libertad por una chica que salvó su vida de milagro. La Justicia lo dejó libre a pesar de lo aberrante del hecho. Si Barrelier hubiera estado en prisión, Agostina estaría viva.
La oposición inmediatamente planteó que Barrelier, Moreno, y todos los protagonistas del costado político de la historia no son excepciones sino exponentes del sistema político que instauró el oficialismo. Es decir, tanto Luis Juez, como Rodrigo De Loredo, o el mileísmo intentaron, no sin éxito, profundizar el costo político que ya de por sí tendría un caso como el de Agostina. Y tanto en los medios de Buenos Aires como en los de Córdoba, esa mirada, esa lectura prendió.
Ahora, el gran problema para Llaryora es cómo salir de esa crisis y cómo retomar una agenda que no lo muestre a la defensiva justo cuando entra en el segundo tramo de un año que será clave para la dinámica electoral de 2027. Primero, una pregunta: ¿se puede salir de una crisis así? ¿O el daño fue tan profundo que es irreversible? A grandes rasgos, la política siempre suele dar oportunidades. La cuestión son los tiempos y las estrategias.
Primero, el oficialismo cordobés desplegó una serie de movimientos destinados a controlar los daños. Hicieron renunciar a Moreno a su banca, lo sacaron de la escena, anunciaron una serie de controles al personal municipal y, sobre todo, en el plano político ocurrió un episodio relevante: Daniel Passerini dijo en una entrevista televisiva que el máximo responsable político es él. Con un nivel de aprobación ya deteriorado, el intendente intentó cargarse al hombro la totalidad del costo político. La razón es que hay un bien mayor que resguardar: el gobernador. Passerini no tiene posibilidad de ser reelecto el año próximo y, por lo tanto, es una figura que puede desgastarse aún más para tratar de minimizar el daño sobre Llaryora.
Pero esa estrategia sirve para una primera etapa. Todavía queda un largo camino por delante. Y lo que está haciendo ahora el gobierno provincial es concentrarse en la gestión, enfocarse en el hacer: muestra obras, anuncia planes, se muestra activo. Por ahora, el costado más político del discurso llaryorista aparece suspendido. En el oficialismo señalan que dejarán pasar el tiempo -el Mundial es una oportunidad para dar vuelta la página de la agenda pública- y que recién después retomarán la iniciativa. Le quedan por definir una enorme cantidad de aspectos: ¿quién será el candidato a intendente de Córdoba ahora que Juan Pablo Quinteros quedó golpeado por el caso Agostina? ¿Cambiará la política de seguridad provincial para tratar de mostrar una cara distinta y que no aparezca asociada a un caso tan conmocionante? ¿Cómo hará Llaryora para retomar impulso, no tanto desde la gestión sino desde lo discursivo?
El oficialismo cordobés quedó envuelto en una crisis profunda pero que, a la vez, le da tiempo. El panorama electoral para 2027 ya no aparecía despejado para Llaryora y ahora se le despliega un escenario considerablemente más desafiante del que ya tenía.
