El invierno de 2026 podría traer un impacto sin precedentes para los bolsillos de los cordobeses. Esta semana, el oficialismo en la Cámara de Diputados de la Nación logró dar un paso decisivo: obtuvo dictamen de mayoría para el proyecto que busca «vaciar» la actual Ley de Zona Fría (Ley 27.637). De prosperar esta iniciativa en el recinto, gran parte de la provincia de Córdoba —y especialmente las ciudades del sur— quedarían excluidas de los beneficios tarifarios que rigen desde 2021.

El miércoles 13 de mayo, en un plenario de las comisiones de Energía y de Presupuesto, la Libertad Avanza logró los apoyos necesarios para avanzar con un nuevo régimen. La intención del Ejecutivo es llevar el proyecto a votación el próximo miércoles 20 de mayo.

El núcleo del cambio es drástico:

• Adiós a la extensión geográfica: El beneficio pleno se mantendría exclusivamente para la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna.
• Eliminación del beneficio general: Se quita el descuento automático del 30% para usuarios residenciales de las zonas incorporadas hace cinco años.
• Focalización extrema: Los subsidios para el resto del país (incluida Córdoba) dejarían de ser un derecho por zona climática para pasar a ser una asistencia discrecional basada únicamente en la vulnerabilidad socioeconómica del hogar.

El impacto directo en el sur de Córdoba

Para ciudades como Río Cuarto, Laboulaye, Vicuña Mackenna o Huinca Renancó, donde las temperaturas invernales suelen ser extremas, la eliminación del régimen no es un detalle menor. Según proyecciones basadas en facturas actuales de Ecogas, el impacto sería el siguiente:

• Aumentos superiores al 70%: Un hogar que hoy paga, por ejemplo, $60.000 con el beneficio aplicado, pasaría a pagar más de $100.000 ante la quita del subsidio, incluso sin contar posibles actualizaciones por inflación o transporte.
• Cambio en la base del cálculo: El proyecto oficialista no solo reduce quiénes lo reciben, sino sobre qué se aplica. El descuento ya no sería sobre la factura total, sino solo sobre el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), dejando fuera los costos de distribución y transporte.

Actualmente, 13 departamentos de la provincia de Córdoba están protegidos por esta ley. Si el Congreso aprueba los cambios la próxima semana, más de 1.6 millones de usuarios a nivel nacional perderán el beneficio de inmediato.

Aunque el oficialismo tiene el dictamen, la moneda sigue en el aire. Los bloques «dialoguistas» están bajo una fuerte presión de los gobernadores y de las Defensorías del Pueblo, que ya han manifestado su rechazo tajante. La gran pregunta es si los diputados cordobeses mantendrán la disciplina de bloque o priorizarán el reclamo de una región que, por su clima, difícilmente pueda afrontar un invierno sin calefacción subsidiada.