La política, al igual que la física, no admite el vacío. Durante meses, Martín Llaryora se movió en una zona gris de prudencia extrema, una suerte de «cordobesismo de espera» que buscaba no quedar pegado al obstruccionismo pero tampoco ser absorbido por el torbellino libertario. Sin embargo, esa tregua táctica se rompió públicamente, aunque las conversaciones y negociaciones entre los dos gobiernos continúan por lo bajo. El cambio de tono del gobernador y sus ministros no responde a un rapto de temperamento, sino a una lectura fría de las planillas de Excel y los sondeos de opinión que empiezan a mostrar grietas profundas en el blindaje de la Casa Rosada.
El detonante silencioso de esta contraofensiva se encuentra en los últimos datos de la consultora Atlas Intel. El informe, que suele ser mirado con lupa por su precisión metodológica, arroja una cifra que en el Centro Cívico leyeron como una señal de largada: la desaprobación de la gestión de Javier Milei ya perforó el techo del 60%, mientras que su apoyo núcleo se contrajo hasta un 35%. Para un dirigente territorial como Llaryora, estos números significan que el miedo a confrontar con un presidente «imbatible» en las encuestas ha desaparecido. El costo político de levantar la voz contra el ajuste nacional hoy es menor que el costo de cargar con sus consecuencias en silencio.
La narrativa oficialista de la «luna de miel» eterna ha chocado de frente con una realidad económica que en Córdoba se siente con especial saña. El deterioro de los índices de consumo y el estancamiento de la actividad industrial bajo un esquema de déficit cero —que los ministros cordobeses tildan ahora de «insensible»— ha generado un escenario de trabajadores pobres que el gobernador ya no puede ignorar. Según los mismos indicadores de Atlas Intel, más de la mitad de la población declara que sus ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica, una realidad que se traduce en una presión creciente sobre los servicios públicos provinciales que la Nación ha dejado de financiar.
Al endurecer el discurso, Llaryora está ejecutando una maniobra de despeje. Al denunciar que el gobierno central «juega con la vida de la gente» o que el plan económico «atenta contra el interior», el gobernador cordobés busca separar su suerte de la de una administración nacional que empieza a mostrar signos de fatiga social. La estrategia es clara: si el modelo de Milei termina de crujir bajo el peso de la recesión, Córdoba debe estar parada en la vereda de enfrente, reclamando lo suyo y exhibiendo su propio modelo de gestión como la contracara racional y productiva.
Esta semana de furia retórica marca, en definitiva, el fin de una era de experimentación. Llaryora ha comprendido que la gobernabilidad es una calle de doble mano y que, ante una Nación que no envía fondos para el Pami ni reactiva la obra pública, la única moneda de cambio que queda es el conflicto político. Con una opinión pública que empieza a mirar de reojo las promesas de la «luz al final del túnel», el mandatario provincial ha decidido que es hora de encender sus propias luces, aunque eso signifique profundizar una grieta con el poder central que, hasta ayer, parecía querer evitar.
