Parecía que todo estaba definido. Sin embargo, reaparecieron las dudas. Tal vez sea un juego, una estrategia o pura especulación, pero lo cierto es que los dirigentes cercanos a José Manuel de la Sota ahora sostienen que, a diferencia de lo que se decía hace apenas una semana, no es tan seguro que el exgobernador encabece la lista de candidatos a diputados que Unión por Córdoba presentará en octubre.
En el plenario que el peronismo cordobés organizó en Río Cuarto, que fue ideado y ejecutado por el schiarettismo, los interrogantes sobrevolaron las charlas. “Está difícil lo de José”, sintetizó un riocuartense fiel al exgobernador. Pasaron sólo diez días desde que De la Sota, el gobernador Juan Schiaretti, el vice, Martín Llaryora, y Alejandra Vigo, se fotografiaron juntos y sonrientes en la largada del Rally de Argentina que se hizo en Córdoba. Esa imagen, enviada por la prensa oficial de la Provincia a las redacciones, se entendió como el inicio de la campaña y hasta los colaboradores del exgobernador dijeron que era la aceptación tácita de la candidatura. Horas después apareció en Reducción, peregrinó junto a la gente y cuestionó al gobierno de Mauricio Macri por su inclinación a “sembrar la división” al mejor estilo del kirchnerismo.
¿Qué cambió en sólo una semana? Tratándose de De la Sota, experimentado y sagaz en el manejo de los hilos más enredados de la política, podría constituir sólo una estratagema. No sería la primera vez que lanzara mensajes cruzados, contradictorios entre sí, para desorientar a propios y ajenos y monopolizar la atención sobre cada uno de sus movimientos. Eso es lo que cree el schiarettismo:?que son sólo fuegos de artificio y que, en realidad, la decisión de encabezar la lista y pelearle al macrismo está tomada.
En el delasotismo y en algunos otros sectores del peronismo esa seguridad trastabilla. Más de uno jura que el exgobernador se inclina hoy más hacia el no que hacia el sí. Pero varían las interpretaciones. Los más identificados con De la Sota argumentan que la elección de octubre perdió peso desde que los principales dirigentes del país empezaron a borrarse de la grilla y que, por lo tanto, una candidatura del exmandatario implicaría una autodevaluación.
Otros, menos benévolos, especulan con que las ventajas de De la Sota en las encuestas serían menos abrumadoras de lo que se esperaba y que, por lo tanto, no estaría dispuesto a correr el riesgo de caer ante una lista encabezada por Héctor Baldassi, o de ganar por una diferencia ajustada, y ver peligrar así sus ansias imperecederas de proyección nacional.
Se trate de una duda real o sólo de una estrategia para concentrar la atención, De la Sota estirará los tiempos de definición y exteriorización de su decisión lo más posible. Los que no están complacidos por las idas y vueltas son los schiarettistas, quienes públicamente sostienen que todavía falta una enormidad para la elección pero que en el discurso y la acción han lanzado una campaña que, como ocurre tradicionalmente, encierra un doble objetivo: convencer a los votantes de las virtudes propias y tratar de erosionar la credibilidad y la imagen del adversario.
Unión por Córdoba parece haber sacado de un cajón el mismo manual que usó en las elecciones de los últimos años para enfrentar al kirchnerismo, haberle hecho algunos agregados y correcciones para adaptarlo a un nuevo contexto, y ponerlo otra vez a andar.
Pivotea sobre dos ejes centrales: que la provincia es discriminada por el poder porteño y que el justicialismo cordobés es la entidad que encarna unilateralmente la defensa de los más encumbrados intereses de sus coterráneos. Con esos argumentos, más una sucesión de gestiones gubernamentales que han tenido y siguen teniendo considerables niveles de aceptación, no le ha ido mal. Al contrario.
En el marco de esa estrategia que ya se lanzó a la calle, el gobernador Schiaretti envió a sus ministros al interior para que conozcan y releven de primera mano -un ejercicio que no estaría de más sostener en épocas no electorales- cuáles son las necesidades de los intendentes y de la gente para dar respuesta en los próximos meses y maximizar las chances del peronismo.
Los plenarios, que serán ocho, se están concretando independientemente del hecho de que De la Sota acepte o no la candidatura. Es el capítulo gubernamental de una campaña que se jugará en varios planos.
Pero en esos encuentros del peronismo, a los que con cierta pompa se denomina Jornadas Regionales en Coordinación de Políticas Públicas, ya es posible vislumbrar en plenitud el discurso que se utilizará en épocas electorales.
El justicialismo aprovechó una movida reciente del gobierno de?Mauricio Macri, que se apartó de la amplitud y la pluralidad que declama para darles sólo a 35 intendentes cordobeses de Cambiemos el financiamiento para 823 viviendas, para sacar al ruedo a sus propios jefes comunales a protestar por lo que consideran una discriminación inadmisible y una contradicción flagrante a los principios del federalismo.
En el encuentro que se hizo en Río Cuarto también hablaron los ministros. Uno de ellos fue Fabián López, de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, quien repasó la distorsión que persiste en los subsidios energéticos y que empuja a Córdoba, según dijo, a pagar facturas considerablemente más dolorosas que las de los porteños y bonaerenses.
En política, casi siempre hay que buscar la verdad en el punto medio. El PJ acierta cuando acusa al macrismo de resucitar prácticas de las que abominó en la campaña y que todavía sigue cuestionando en el discurso, como el reparto de fondos que beneficia a los propios y relega al resto;?sin embargo, no es menos cierto que hubo gestiones peronistas que, sin ir más lejos, condenaron a Río Cuarto a no recibir un peso ni para obras ni para gastos corrientes por el hecho de que estaba en manos del radicalismo.
También es certera Unión por Córdoba cuando cuestiona al gobierno de Cambiemos por sostener la inequidad en el reparto de los subsidios energéticos y hacer subsistir inexplicables asimetrías entre una región y otra, pero olvida que en sus casi dos décadas de gestión nunca revirtió el dispendio y las prebendas en Epec, lo que obligó a los cordobeses a pagar aumentos anuales constantes para solventar una empresa que vive con los números en rojo. No hay racionalidad que explique que un kiosco de barrio en Río Cuarto, que a duras penas puede mantenerse en pie en épocas de crisis económica, deba pagar facturas que rondan o superan los 20 mil pesos.
Por supuesto que sería impensado que la gestión actual admita sus propias falencias, y menos aún en los tiempos previos a una elección que definirá el dominio sobre un territorio tan gravitante como Córdoba. No hay que esperar autocrítica.
Sin embargo, existe un aspecto que hace especiamente ruido en la estrategia del justicialismo. No es tanto la utilización del concepto de discriminación, que instala a los denunciantes en el papel de víctimas e interpela al oponente, sino más que nada la oportunidad en que se expone.
Primero, porque la repetición del argumento y esa victimización implican, en cierto sentido, una subestimación del votante. Pero, además, dispara la posibilidad de un reproche hacia los mismos dirigentes que dicen defender los intereses de Córdoba porque sólo utilizan la vehemencia cuando necesitan diferenciarse políticamente y convencer al electorado de que representan la mejor opción. Si existiera el convencimiento real de que la provincia padece una discriminación inaceptable, entonces no quedaría más remedio que exponerlo con constancia, movilizar políticamente a gobernadores y a dirigentes que piensen lo mismo, y machacar en cuanto foro sea posible con la afirmación de que el federalismo es una ficción.
De lo contrario, suena a impostura, a pose, a un interés fingido y esporádico, que desaparece ni bien se terminan de contar los votos y que resucita de acuerdo a la conveniencia y la especulación, cuando sirve como guión argumental para una campaña.
