En paralelo al anuncio de su intención de buscar la reelección, el gobernador Martín Llaryora se metió de lleno en debates nacionales que atraviesan la agenda política. Con un tono firme, fijó posición sobre la edad de imputabilidad y la reforma laboral, dos temas que generan controversia en el Congreso y en la opinión pública.
Llaryora fue categórico al señalar que el límite debe fijarse en los 14 años. “Ese es un punto de equilibrio razonable. No podemos bajar más la edad porque sería retroceder en derechos y en garantías básicas”, expresó. El gobernador defendió la necesidad de abordar la problemática de la seguridad juvenil con políticas integrales, que incluyan prevención y contención social, y no solo endurecimiento penal. Su postura busca diferenciarse de sectores que impulsan una baja más drástica, y al mismo tiempo mostrar sensibilidad frente a la demanda social por mayor seguridad.
El mandatario también se refirió a la discusión sobre la modernización de las leyes laborales. Reconoció que el sistema necesita adaptarse a nuevas formas de trabajo, pero advirtió que “modernizar no significa precarizar”. En su discurso, planteó que la reforma debe garantizar competitividad y productividad sin resignar derechos adquiridos. “No podemos volver atrás en conquistas históricas de los trabajadores”, subrayó, en un mensaje que apunta tanto a empresarios como a sindicatos.
Con estas definiciones, Llaryora buscó proyectarse más allá de Córdoba. Su intervención en debates nacionales lo coloca en un rol de gobernador con voz propia en temas que exceden la frontera provincial. Al mismo tiempo, refuerza su estrategia de mostrarse como un dirigente capaz de combinar gestión local con mirada nacional, en un contexto donde las tensiones políticas atraviesan todo el país.
